El Gobierno paga por primera vez una sentencia internacional por las renovables

El Gobierno de España ha satisfecho íntegramente un laudo dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation.

En concreto, ha abonado 32 millones de euros, según indican a este diario fuentes conocedoras del proceso. Solo en intereses por la demora en el pago España debe pagar 8,5 millones de euros de esa cuantía total.

La decisión de proceder al pago de la condena dictada por el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (CIADI) pone fin a años de bloqueo y abre la puerta a una dinámica más entre el Gobierno y los acreedores.

El laudo, gestionado por el fondo Blasket Renewable Investments, fue llevado a los tribunales de Estados Unidos por parte del bufete Gibson Dunn, que acreditó que la sentencia no había sido cumplida y, por tanto, España había incurrido en una situación de impago e incumplimiento. El registro del laudo podría haber abierto la puerta al embargo de bienes del Reino, pero el acuerdo alcanzado entre las partes evitará tal escenario y pone fin a la disputa.

26 sentencias pendientes

Se trata del primer pago realizado por España en relación con los numerosos laudos internacionales derivados del recorte retroactivo a las primas renovables practicado por sucesivos gobiernos entre 2010 y 2014.

La primera denuncia ante el CIADI se produjo hace ahora catorce años. Ahora que el caso JGC ha quedado resuelto, hay otros 26 laudos pendientes de pago.

“Por primera vez, inversores han recibido los fondos adjudicados por un laudo arbitral del Banco Mundial relacionado con inversiones verdes en España. Aplaudimos esta decisión del Gobierno, pero es importante reconocer que sigue habiendo otros 26 laudos dictados en contra del Reino que serán ejecutados en los tribunales de todo el mundo, en caso de no ser abonados. Tal desenlace es inevitable”, ha indicado el abogado Matthew D. McGill, socio de Gibson Dunn,.

Este avance en el cumplimiento de los laudos llega tras una larga disputa judicial que ha enfrentado a decenas de inversores internacionales afectados por los cambios normativos que alteraron los incentivos ofrecidos a empresas y fondos que inyectaron más de 70.000 millones de euros en España para desarrollar proyectos de energías renovables.

La satisfacción del laudo representa un precedente para el resto de acreedores que siguen buscando un acuerdo y preparando nuevas medidas para la ejecución de sentencias firmes ante tribunales de terceros países.

En este sentido, la justicia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica ya ha autorizado distintas medidas orientadas a proteger a los afectados, como el embargo cautelar de activos del Reino de España.