En el colectivo de autónomos las cifras récord de afiliación ocultan una realidad más siniestra, que deja a miles de estos trabajadores por cuenta propia al borde de tirar la toalla, acuciados por la presión fiscal, la continua subida de las cotizaciones y unos niveles de protección social que no cubren sus necesidades. Una situación que ya ha empezado a reflejarse en los datos. Según las últimas estadísticas del paro, el mes de julio cerró con la pérdida de 235 autónomos cada día, para una caída total de 7.286 autónomos en el conjunto del mes, 2.339 menos que en el mismo periodo de 2024 y el peor dato de los últimos tres años. Y no hay que olvidar que este colectivo aporta el 1,5% del PIB y el 17% del empleo, pese a estar sufriendo un auténtico infierno por los costes laborales y de producción, su poca capacidad de inversión por falta de financiación y por las crónicas dificultades para acceder a las prestaciones sociales.

No en vano, la Seguridad Social tumba seis de cada 10 solicitudes por cese de actividad por motivos burocráticos o por incumplir los exigentes requisitos que les requieren para justificar su petición. Por ello, desde las asociaciones ATA y UPTA exigen que «el acceso a esta prestación se haga de forma directa, para que se equipare al paro que reciben los asalariados». De esta forma, se daría certidumbre a miles de negocios que cierran cada mes y que deberían poder acceder a una prestación por cese de actividad –por la que no hay que olvidarse han estado cotizando, ronda los 800 euros y dispone de un fondo de más de 1.400 millones a su disposición– pero que se deniega a seis de cada 10 solicitantes por parte de las mutuas que gestionan este trámite por delegación de la Seguridad Social.

Los datos son claros: hasta mayo, de las casi 8.000 solicitudes realizadas para recibir esta prestación fueron rechazadas casi 5.000, pese a las promesas realizadas por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de que con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales –en el que se incluyeron nuevos supuestos para ampliar las posibilidades de acceso a la prestación–, se iban a flexibilizar los supuestos, algo que no se ha cumplido, ni siquiera en los casos de cese parcial en caso de fuerza mayor. «La exigencia de acreditar pérdidas u otras condiciones objetivas provoca que la mayoría de solicitudes sean rechazadas», inciden desde ATA, que denuncian que desde que entró en vigor el nuevo sistema «la situación ha ido a peor y se rechazan ahora más solicitudes de paro que antes. Y no hay que irse muy lejos, en 2024 se denegaron un 45% de las solicitudes y en lo que va de año ese porcentaje está ya en el 60%».

Tanto desde ATA como desde UPTA señalan que los autónomos tienen muchas dificultades para presentar la documentación que da fe de sus pérdidas, lo que les condena a una negativa porque la justificación legal se considera insuficiente. Otro impedimento añadido lo sufren los que están en Régimen de Módulos, que tienen dificultades para la acreditación objetiva de estas pérdidas, y otros muchos autónomos carecen de contabilidad digital. Además, superan el 50% las denegaciones relacionadas con la incapacidad de justificar pérdidas económicas superiores al 10%, por caídas significativas de ingresos o cierres obligados por causas legales. Si a ello se le añade que el solicitante debe haber cotizado al menos 12 meses por cese de actividad antes de solicitar la prestación y debe estar al corriente de pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social, las posibilidades de acceder a ella se reducen al mínimo.

Fuentes ministeriales han asegurado a LA RAZÓN que "las denegaciones de las prestaciones de cese de actividad las autorizan las mutuas, que son quiénes gestionan esta prestación económica como colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina, y se hace en función de con quién tenga cubierta esta contingencia el trabajador. Para su reconocimiento, como todas las prestaciones, el trabajador tiene que cumplir con una serie de requisitos; si no los acredita, no se le reconoce el cese de actividad". También aseguran que están abiertas a las propuestas que realicen los agentes sociales. "El diálogo social se retomará tras el verano, de modo que no podemos adelantar nada todavía. Si bien, consideramos que es un momento propicio para evaluar y actualizar las prestaciones existentes. Todo ello en el marco de una negociación que, aún no se ha producido".

A todo esto se suma que un autónomo percibe un 36% menos de pensión media que un asalariado. Según las últimas estadísticas de la Seguridad Social, un pensionista en el Régimen General estaría cobrando una pensión media en torno a 1.500 euros. Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia perciben unos 600 euros menos en su pensión media, por debajo de los 900 euros, con el agravante de que en ninguna comunidad autónoma esa prestación alcanza tan siquiera el importe del SMI.

Si la comparativa se realiza con las pensiones de jubilación, la situación no mejora. La media en el RETA está actualmente en poco más de 1.000 euros, es decir casi un 40% inferior que los asalariados, que superan ya los 1.400 euros. Para Eduardo Abad, presidente de UPTA, «no podemos permitir que los autónomos que han dedicado su vida laboral a sacar adelante un negocio y que han contribuido al crecimiento económico del país estén condenados a la pobreza al llegar a la edad de jubilación. Resulta incomprensible que un gobierno socialista no comprenda la necesidad de resolver una cuestión fundamental para garantizar que el sistema de pensiones sea justo».

Otro de los puntos en los que UPTA reitera las llamadas de atención es en su enésima advertencia sobre la desaparición paulatina del comercio, tras alertar de a pérdida cercana a los 1.300 negocios en el mes de julio, según los últimos datos de la Seguridad Social, por lo que ha exigido “políticas de relevo generacional para hacer frente a esta problemática. Necesitamos poner sobre la mesa políticas de relevo generacional que ayuden a combatir esta problemática. No podemos hablar de sostenibilidad en el trabajo autónomo sin mirar de frente a lo que está ocurriendo en sectores como el comercio y actuar ahora antes de que el daño sea irreversible”, señala Abad. La desaparición del comercio, continúa, no es coyuntural ni estacional, sino que “es el resultado de una combinación de factores que hacen que los pequeños negocios sufran una caída generalizada desde hace años”.