La Generalitat ya tiene un plan para hacerse con el control de todos los impuestos que se recauden en Cataluña a través de su propia Agencia Tributaria Catalana (ATC) y lo harán en cuatro fases durante los próximos cinco años, avanzando «poco a poco» en la gestión del IRPF, de forma «sólida y segura», para evitar «fugas de fraude fiscal» en esta transición en las tareas que ahora lleva a cabo la Agencia Tributaria española (AEAT).

La ATC ya ha trazado un calendario para asumir a partir de 2028 la práctica totalidad de las funciones en la gestión del IRPF y su identidad visual comenzará a utilizarse en comunicaciones con los contribuyentes catalanes.

Así consta en el plan director que a través de la consultora Minsait –del Grupo Indra– ha diseñado una hoja de ruta para el despliegue de la Hacienda catalana –de momento en una primera fase–, con el objetivo de que la ATC «acabe asumiendo la recaudación de todos los tributos, empezando por el IRPF», señalan fuentes del Govern.

Este plan inicial prevé el despliegue de la ATC en tres fases durante los tres próximos ejercicios, para culminar la asunción de todas las competencias fiscales de la región con independencia del Estado en una cuarta y última fase sin fecha de resolución, aunque su intención es que sea a partir 2030.

De este modo, en una primera fase, con un alcance temporal de 2026, la ATC «prestará información y asistencia en la campaña de la renta de 2025, la que se hará en 2026, a los solicitantes de cita previa», señala en informe de Minsait.

Este primer paso servirá para que la ATC pueda acabar «asumiendo la totalidad de la asistencia de la campaña del IRPF en el año 2027», es decir, durante la campaña de la renta del ejercicio fiscal de 2026. En esta segunda fase, la agencia catalana debería estar en dos años en condiciones de asumir por completo la asistencia en la campaña de la renta –ahora la ATC solo colabora en esa atención con la AEAT– y contempla que el organismo «necesitará contratar más personal y abrir más oficinas».

El plan director prevé que en 2026 se incorporen más de 400 agentes de refuerzo -en la campaña de la renta de 2024, la que se acaba de terminar, se han incorporado 102–. De cara a asumir toda la asistencia de la campaña, en 2027 haría falta contratar temporalmente otros 700 inspectores más, con la previsión de llegar a 360.000 contribuyentes. Para ese momento se necesitarían también nuevas oficinas y tener lista la adaptación técnica y de contenidos para dicha asistencia.

Finalmente, el tercer objetivo de esta fase inicial es que la ATC –a través del trabajo en red–, «colabore en la aplicación de tributos y en la revisión de las actas y que tendrá presencia de identidad visual en las comunicaciones y actos administrativos dirigidos a los consumidores». La meta final es que esto se logre en la campaña de la renta de 2027, es decir, en 2028, año previo al salto definitivo hacia la independencia fiscal.

La consellera de Economía, Alícia Romero, advierte de que antes de iniciar este plan la Generalitat necesita que se aprueben «los cambios legales pertinentes en el Congreso para poder gestionar al completo este impuesto», entre ellas la ley orgánica de financiación de las comunidades, una situación que puede ser complicada dada la precariedad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, también muestra sus dudas sobre la capacidad de la propia ATC para asumir el IRPF, que supone «un gran reto porque se trata de un impuesto masivo y esta agencia apenas tiene unos 850 trabajadores, frente a los 4.400 de la AEAT en Cataluña».

El propio informe de Minsait advierte de que el éxito del plan pasa porque la ATC sea capaz de desarrollar una plataforma tecnológica propia «a medio plazo» para poder asumir al 100% la gestión del IRPF, lo que pone en suspenso incluso la hoja de ruta para la primera fase de despliegue de la Hacienda catalana.

El pacto entre PSC y ERC preveía arrancar la gestión de impuestos estatales con el IRPF, punto de partida de la transformación de la ATC. El propósito final de la Generalitat es asumir la totalidad de la recaudación de todos los impuestos catalanes a cinco años vista, aunque los expertos fiscalistas lo ven imposible.

La asociación de inspectotes de Hacienda (IHE) ha advertido ya de las graves consecuencias que tendría en el sistema tributario y en el funcionamiento de la Agencia Tributaria el nuevo régimen fiscal para Cataluña, que supone la cesión de todos los impuestos recaudados en Cataluña, y el traspaso de las funciones de gestión, inspección, recaudación y liquidación que actualmente hace la AEAT en dicho territorio. «Sería acabar con el sistema que conocemos».