El registro horario de Díaz, en duda antes incluso de aprobarse

La ausencia de Yolanda Díaz en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros denota el complicado camino de la tramitación del nuevo registro horario, aprobado ayer por vía de urgencia pese a las sonoras reticencias mostradas por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y bajo la amenaza de la patronal de acudir a los tribunales. Pese a todo, Díaz ha decidido seguir adelante unilateralmente con su reforma laboral por capítulos sin contar con el apoyo de las patronales, CEOE y Cepyme, y con el único soporte de los sindicatos, CC OO y UGT.

En el capítulo abierto ayer, Díaz ha conseguido aprobar únicamente en el Consejo de Ministros la tramitación del proyecto de real decreto que regulará la reforma del registro horario, que no necesita de la aprobación del Parlamento para aplicarse, ya que este registro tendrá rango reglamentario, de manera que no tendrá que someterse a votación. Una fórmula que ha aprovechado Trabajo gracias a haberlo aprobado por separado y al margen del proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral, en el que se incluía. Pretende con ello un control total vía telemática de la jornada para lograr una reducción en diferido, a través del control de las horas extraordinarias, para forzar a las empresas a rebajar las jornadas de sus plantillas.

Un subterfugio legal que ha indignado a los empresarios, que ya advirtieron que lo impugnarían en los tribunales –barajan presentar su denuncia por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, entre otros motivos–. Pese a ello, desde el Ministerio de Trabajo descartan abrir una nueva mesa de diálogo social, ya que entienden que ya se dio carpetazo a la negociación tras 11 meses en el que los agentes sociales presentaron sus propuestas en el marco de la ley de la reducción de la jornada laboral, que finalmente no se cerró con acuerdo y que cuando se presentó en el Parlamento terminó en fracaso, con el rechazo por parte de la Cámara, tras los votos en contra de PP, VOX y Junts.

El Ministerio ha optado por la vía de urgencia para poder reducir los plazos previstos tras el trámite de consulta pública. Según ha manifestado Díaz en sus redes sociales, «las tres derechas tumbaron el proyecto de reducción de jornada y dijimos que no nos iban a frenar. Vamos a defender cada hora trabajada para que sea pagada y registrada. Cada minuto de vida tiene que volver a ser vuestro. Seguimos», dejando entrever el objetivo paralelo de esta medida: lograr una reducción de jornada en la sombra.

Pero no lo va a tener fácil. Según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, que se haya aprobado en el Consejo de Ministros y no tenga trámite parlamentario, no significa que se pueda aplicar de forma inmediata. Sobre los plazos para que el reglamento con el nuevo registro se materialice en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde el Ministerio no ofrecen ningún marco temporal, pero este no será corto. La evaluación y elaboración jurídica debe pasar el filtro de varios órganos interministeriales: en primera vuelta por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, luego debe analizarlo el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y, finalmente la Agencia de Protección de Datos. Cada uno de ellos tendrá un máximo de 15 días para emitir sus valoraciones antes de la vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Unos trámites que deben pasar por las manos de Cuerpo y que durarán al menos hasta final de año, lo que nos llevaría directamente a 2026.

Este proyecto implica que todas las empresas y autónomos deben implantar el registro digital y accesible en remoto para los trabajadores, sus representantes y para la Inspección de Trabajo. El objetivo es determinar si son horas efectivas, de disponibilidad o extraordinarias para lograr reducir la jornada en diferido.