El tsunami regulatorio ahoga a las empresas: las normativas obligatorias se disparan más de un 1.000% en diez años

El tsunami regulatorio en materia de sostenibilidad está hundiendo la capacidad de inversión de las empresas, desincentivando la creación de sociedades y ahogando sus recursos, sobre todo en el caso de las pymes, que representan el 98% del tejido empresarial español. Así lo advierte el Consejo General de Economistas (CGE), que denuncia que la sobrerregulación en torno a la sostenibilidad (ESG) está paralizando el emprendimiento y ya está empezando a afectar a la contratación. Así, la creación de empresas bajó un 11,6% en marzo –último dato oficial ofrecido por el INE–; la inversión extranjera se ha desplomado casi un 20% en lo que va de año; las propias empresas españolas invierten un 7% menos que la media europea, según datos del Banco de España, y la internacionalización de las compañías patrias se ha hundido un 9,3% por el desplome de las exportaciones y de la propia inversión.

Con estos datos, además de por el menor crecimiento económico que ya se nota en todas las economías de la zona euro, los economistas alertan de que, entre 2012 y 2022, las normativas de obligado cumplimiento para las empresas españolas se han disparado más de un 1.000%, pasando de 14 normas ese primer año a las 165 del último. Y las denominadas «recomendaciones de estándares de conducta empresarial» lo han hecho más de un 1.600% –con 13 en 2012, frente a las 226 en 2022–. Aunque para los expertos del CGE es «positivo que haya normativa ante una nueva materia y campo de actividad», advierten de que «este maremágnum normativo precisa de una adecuada racionalización en relación con la definición de métricas y de automatización de datos para poder confirmar su trazabilidad. Sólo se podrá conseguir el objetivo final de introducir esta cultura y que tenga un calado profundo y estructural, es decir con garantías de éxito, con un número reducido, claro y homogéneo de normas y requerimientos, ya que cantidad no es sinónimo ni de calidad ni de necesidad».

El CGE, en el último informe de su Consejo Asesor en Sostenibilidad, cargan contra el Gobierno porque mientras exige el cumplimiento de la normativa a las empresas bajo amenaza de cuantiosas sanciones, la Administración pública «está eximida del reporte de información en materia de sostenibilidad, cuando es precisamente ésta quien debería servir de ejemplo al resto de actores». Por ello, para que este proceso sea completo, economistas y empresarios reclaman que se deberían «delimitar los requisitos de información corporativa sobre sostenibilidad para todo el amplio espectro de las entidades privadas y públicas, a todos sus niveles».

Recuerdan que «reportar sobre temas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) es un ejercicio que, bien enfocado, aportará mucho a la gobernanza y a la economía productiva en el medio y largo plazo, pero en esta ecuación deben estar todos los actores que influyen en la economía y el desarrollo social del país, tanto los administrados como la Administración».

Tras las elecciones europeas, la patronal Cepyme exigió a los partidos políticos que se aborde de «manera urgente» medidas para acabar con la sobrerregulación, que está afectando negativamente a la competitividad de las empresas en la Unión Europea (UE), sobre todo por los «efectos adversos» que la «mala gestión de las políticas de sostenibilidad tienen en la viabilidad de las pymes, que en un contexto global es necesario adoptar una estrategia basada en la competitividad». Por ello, la patronal reclama «un marco normativo eficiente que evite la sobrerregulación y elimine cargas innecesarias», con un «mercado único más integrado, una mayor coordinación política y un firme apoyo a las pymes».

Los expertos del CGE avisan de que cumplir con las exigencias ESG para que la actividad productiva sea más sostenible precisará en los próximos años de una inversión adicional de las empresas de 40.000 millones de euros. «Teniendo en cuenta que nuestro tejido empresarial en un 98% por pymes, es evidente que el proceso de inversión y transformación no se puede realizar sin ellas». Sin embargo, según el test de evaluación de los ODS de la ONU, el 60% de las pymes españolas afirmaron en 2022 no haber implementado ninguna acción específica relacionada con la sostenibilidad, sobre todo por la falta de conocimiento de los requerimientos regulatorios y por los costes asociados a la sostenibilidad, «que la mayoría es incapaz de afrontar».

Los economistas señalan que para las pymes -sobre todo para las más pequeñas- «resulta muy complejo obtener información de sostenibilidad comparable y de calidad. Además, tienen serias dificultades para poder reportar su impacto medioambiental debido a la falta de bases de datos históricos o a la mala calidad de los mismos. Según un informe de Cepyme y Finresp, entre las 500 pymes más grandes, la mayor parte de ellas no podría aportar datos básicos para calificar sus operaciones como sostenibles, por lo que «se hace necesario apelar al principio de proporcionalidad en los desarrollos normativos, de tal forma que su aplicación sea progresiva en el ámbito de la cadena de valor».

Asimismo, el CGE apunta que «se debe fomentar que las pymes adopten un enfoque gradual, comenzando con aquellos cambios que requieren menor inversión y proporcionan retornos rápidos como, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética o reducir el desperdicio».

Esta misma semana, la patronal del sector alimentario FIAB denunciaba en un encuentro organizado por el IESE que el exceso de regulación y la dificultad para atraer talento son algunos de los problemas con los que se encuentra el sector de la alimentación. Su director general, Mauricio García de Quevedo, apuntaba que nos encontramos en el "peor» contexto desde la II Guerra Mundial y ha lamentado la «diarrea regulatoria» que ha puesto en marcha la Unión Europea. «El exceso normativo no tiene criterio de eficiencia ni de eficacia, porque supone una importante pérdida de competitividad». Por ello, apostó por «acompasar las medidas europeas y nacionales para que no pase como con el impuesto del plástico, que España es el único país de Europa que lo tiene, y no va a costar menos de 5.000 millones a las empresas del sector».

En el mismo sentido, el secretario general técnico de Asedas, la patronal de los distribuidores, Felipe Medina, habló directamente de un «tsunami regulatorio» en el que la «hiperregulación ha puesto en marcha más de 3.000 normas que tiene que cumplir un comercio para abrir en España», lo que significa que en 2023 se modificaron o crearon tres normas por día que afectaban al comercio. «Eso es algo insostenible».

Cerca de 50.000 empresas -eran 11.600 con la anterior directiva, sin contar las que se verán afectadas de forma indirecta o vía cadena de valor- estarán obligadas a informar sobre sostenibilidad, incluidas las empresas más grandes, así como las pymes cotizadas.