Urgen sanciones firmes contra el blanqueo

Nunca me habría podido imaginar que lo que podían tener en común la mafia china, la mafia rusa y los narcotraficantes del cartel de Sinaloa es que blanquean su dinero en la Península Ibérica. Siempre se ha dicho que el reproche social del fraude es menor en nuestro país, pero de ahí a vernos convertidos en uno de los países estrella del blanqueo hay un abismo.

Lo cierto es que hay aspectos preocupantes que explican estas cosas: somos el país europeo con más billetes de 500 euros en circulación; se ha realizado una amnistía fiscal que incluía a no residentes; no tenemos tipificado el delito de ofrecimiento de estructuras para defraudar y tenemos una elevada economía sumergida; el boom inmobiliario y la corrupción urbanística asociada; las comisiones ilegales y nuestra tradicionalmente baja conciencia fiscal, la deficiente, hasta el momento, normativa sobre blanqueo... La lista Falciani generó una gran alarma social, pero el descubrimiento de la trama del banco andorrano BPA ha puesto en duda la eficacia y credibilidad del sistema de control del riesgo de blanqueo.

Hay tres elementos que suelen acompañar los casos de blanqueo. El primero de ellos es haberse beneficiado de la amnistía fiscal. Como el objetivo de los delincuentes es que el dinero procedente de actividades ilegales pase por dinero legal, lo hacen tributar para que figure oficialmente como procedente de una actividad lícita. La amnistía fiscal dio una oportunidad de oro para blanquear con un coste muy reducido, un muy escaso 10% que se quedó en un 3% por el juego de la prescripción y de aprovecharse de la «confidencialidad» de las regularizaciones.

Un segundo es la existencia de paraísos fiscales. Andorra salió de la lista de paraísos al suscribir con España un convenio de intercambio de información, cuya materialización práctica deja mucho que desear. Pero no ha firmado su adhesión a la Directiva Comunitaria sobre el ahorro, ni tampoco han aplicado las recomendaciones del GAFI sobre blanqueo, que homologarían con Europa la actividad financiera del Principado. Y el tercer elemento es un banco que canaliza el dinero negro a un paraíso fiscal y lo oculta a Hacienda.

Un informe emitido por la Administración norteamericana publicado esta semana indica que el BFA andorrano presuntamente habría dado soporte al fraude fiscal, ofreciendo la creación de estructuras fiduciarias y sociedades pantallas constituidas en paraísos fiscales, a través de los cuales se canalizaría, de manera opaca y segura, inversiones realizadas desde España. Por ello, el Banco de España ha iniciado actuaciones para comprobar la filial española del BFA, el Banco de Madrid, que estaba obligada a preguntar por el origen del dinero que allí se depositó, e informar al Sepblac en caso de encontrar algún indicio de que el dinero procede de alguna actividad ilícita. Simultáneamente, la Agencia Tributaria va a poner la lupa en los clientes de dicha entidad, prestando especial atención a aquellos que se hubieran acogido a la amnistía o presentado la declaración de bienes en el extranjero.

De demostrarse defraudación o blanqueo, las sanciones deberán ser ejemplarizantes para evitar tentaciones en el futuro. Pero además, como «más vale prevenir que lamentar» debemos endurecer nuestras normas, y tipificar como delito el ofrecimiento de estructuras para defraudar, o de colaboración con delincuentes y defraudadores llevando y ocultando dinero al fisco en paraísos fiscales.

También sería de gran ayuda obligar a las entidades financieras que operen en España a informar de los clientes españoles que tengan depósitos en sus sucursales en paraísos fiscales, so pena de considerarlos colaboradores del delito fiscal que pudieran cometer los depositantes, y de ser castigadas con importantes sanciones económicas, llegando incluso a poder perder la ficha bancaria.

*Presidente de Inspectores de Hacienda del Estado