Vargas buscó el apoyo del PSOE para vender AENA a los fondos

La maniobra era contraria a la posición del Gobierno de mantener el 51% del capital.

Ante la falta de apoyo gubernamental, José Manuel Vargas maniobró durante su etapa como presidente de AENA para utilizar al PSOE como arma de presión para privatizar más del 49% del gestor aeroportuario. Vargas, a través de personas de su entorno, tanteó a los socialistas para que le apoyasen en sus planes, según reconoció el portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, César Ramos. La maniobra, sin embargo, no dio el fruto esperado por el ex consejero delegado de Vocento. «Nosotros nos hemos posicionado en contra de privatizar un mayor porcentaje de AENA porque la opinión pública no está a favor de ello después del “pelotazo” del anterior proceso de privatización. Además, el actual sistema garantiza la cohesión territorial y no podemos perder ese valor», según explicó Ramos.

La venta al sector privado de más del 49% de AENA fue siempre uno de los motivos de fricción entre Vargas y el Gobierno y, a la postre, una de las causas de su salida de la compañía. Aunque la versión oficial que se trasladó a la opinión pública es que dejaba el gestor para abordar otros proyectos profesionales, lo cierto es que en los meses previos a su marcha las desavenencias entre ambas partes eran notables.

Presión de los fondos

En el caso de la privatización de AENA, fondos que forman parte de su accionariado como TCI o HSBC presionaron a Vargas en tal dirección. Su opinión es que mientras el Estado, a través de Enaire, siga controlando el 51% del capital, la expansión internacional de AENA será más complicada. Argumentan que algunos países directamente vetan a empresas de este tipo en sus procesos de enajenación de aeropuertos y que otros ven con malos ojos que otro Estado gestione algunas de sus infraestructuras estratégicas. La realidad, no obstante, es que la compañía participa en este momento en la gestión de 16 aeropuertos en cuatro países.

La posición de control de Enaire también constituye el principal garante del actual sistema de funcionamiento en red de AENA. A través del mismo, los aeródromos que arrojan beneficios compensan los números rojos de los deficitarios, que pueden seguir abiertos para garantizar el servicio. En el sector, se cree que una mayoría privada en el accionariado de AENA conduciría al cierre de estos aeropuertos que arrojan pérdidas para hacer más rentable la compañía.

Los fondos, con TCI a la cabeza, también presionaron para abordar otra maniobra en la que Vargas chocó con el Gobierno, la compra de la concesionaria de autopistas Abertis. El gestor aeroportuario se planteó pujar por la compañía que dirige Francisco Reynés. Según Vargas y estos fondos, desde un punto de vista empresarial, tenía sentido. En su opinión, suponía una vía natural de crecimiento para una firma que trabaja en el negocio de las concesiones, en este caso de aeropuertos. Para sus accionistas privados, no dejaba de ser una vía para aumentar sus dividendos. De ellos también se hubiera beneficiado el Estado a través del 51% que controla mediante Enaire. Sin embargo, el Gobierno volvió a parar los pies a Vargas. Como explicó públicamente el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no tenía sentido que AENA comprase Abertis y, de algún modo, se renacionalizasen las autopistas cuando la corriente es la contraria. El año próximo concluirán los procesos judiciales de liquidación que acabarán con la reversión al Estado de las autopista de peaje quebradas. Una vez en su poder, el Gobierno ha anunciado su intención de volver a sacarlas a concurso para que las concesiones vuelvan a ser gestionadas por el sector privado.

El manejo de la crisis de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de El Prat el pasado verano también fue señalado por algunos observadores como otro punto de desencuentro entre Vargas y Fomento, cuya actual dirección lo «heredó» de la época de Ana Pastor al frente del departamento. Aunque en origen se trataba de un conflicto en el seno de una empresa privada, Eulen, al afectar a la operativa del aeropuerto barcelonés, la oposición reclamó a Vargas una implicación más proactiva. Finalmente, sin embargo, fueron la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Fomento, mediante la imposición de un laudo de obligatorio cumplimiento, los que desbloquearon el conflicto. Toda la oposición, a excepción de Ciudadanos, exigió entonces la dimisión de Vargas o su destitución. En octubre, se produjo su relevo. Su sucesor, Jaime García Legaz, tiene un teórico perfil más político alejado de los fondos.