Sánchez, otra vez a remolque del virus

El Gobierno que preside Pedro Sánchez vuelve a dar muestras de indecisión ante la sucesión de rebrotes de la pandemia de coronavirus por casi toda la geografía española. No sólo ha sido incapaz de aprovechar la breve tregua de la infección para desarrollar mecanismos legales y de coordinación entre las distintas comunidades autónomas que constituyeran una alternativa real a una nueva declaración del estado de alarma, sino que parece desbordado por los acontecimientos, aunque se trate de situaciones tan graves como el enfrentamiento institucional de la Generalitat de Cataluña con el estamento judicial. Porque, pese a las piruetas dialécticas del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lo cierto es que si no hay alternativa a la aplicación de medidas de excepción, que, no hay que olvidarlo, suponen la suspensión de derechos fundamentales de los ciudadanos, es porque desde el Ejecutivo parece que han preferido encomendarse a la suerte en lugar de reforzar las medidas previstas en la Ley de Salud Pública, cuyo esbozo para situaciones de emergencia había dejado preparado la ex ministra popular, hoy vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor.

En este sentido, se puede argumentar que en lo sucedido en Cataluña, especialmente en la comarca ilerdense del Segrià, donde los contagios por coronavirus no dejan de multiplicarse, es responsabilidad de la falta de reacción en tiempo y forma de las autoridades sanitarias catalanas, pero no sería del todo cierto. Faltan protocolos de actuación que sirvan de patrón de conducta y, sobre todo, faltan instrumentos de control de las medidas adoptadas por los distintos responsables autonómicos. No es, ciertamente, de recibo que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se desayune por sorpresa con una decreto de confinamiento en una parte del territorio nacional que, por sus características, sólo puede dictarse desde el Gobierno central y tras la pertinente autorización del Parlamento.

Y no será por falta de información previa, porque el brote de la comarca leridana, en la que se incluye la propia capital de la provincia, comenzó a dar la cara hace más de quince días y ha propiciado su extensión a zonas próximas, como el área metropolitana de Barcelona, Aragón o Guipúzcoa. Es grave que la Fiscalía y una juez de guardia tuvieran que actuar sobre la marcha para impedir un contrafuero, pero es aún peor que, ayer, el titular de Sanidad fuera incapaz de ofrecer una alternativa que protegiera dos bienes en conflicto, como son la protección a la salud de los ciudadanos y sus derechos democráticos. El asunto, además, nos lleva a otra reflexión. Y es que asusta pensar que si, en pleno verano, el Covid-19 no sólo no ha menguado, sino que vuelve a las tasas de contagio que existían entre finales de febrero y mediados de marzo, antes del estallido de la pandemia, qué no sucederá con la llegada del otoño, cuando, probablemente, coincida con la temporada de gripe común.

Porque el tiempo pasa, las semanas se suceden y los responsables gubernamentales actúan como si el problema ya no fuera con ellos. Y no es así. Las comunidades autónomas tienen, cierto, la primera responsabilidad en la batalla contra la infección, pero corresponde al Gobierno establecer las medidas que se consideren precisas, como la extensión de la red de asistencia primaria, es decir, el refuerzo de los médicos de familia que constituyen la primera línea de alerta y de defensa, y, en su caso, garantizar su cumplimiento por parte de las consejerías de salud comunitarias. No puede ser que cada territorio decida, a veces sin respaldo científico, las restricciones o las medidas de protección que considere útiles. Por último, y no menos importante, si hay un momento para que los servicios de información y comunicación públicos actúen, es ahora. Porque del comportamiento individual de los ciudadanos va a depender que se pueda ganar la batalla.