Sánchez, maniatado ante un demagogo

Tal vez, ya no importen demasiado en el devenir de la roma política española, fértil, por otra parte, en debates agrios y perfectamente insustanciales, el significado de las palabras ni que una ciudadanía saturada de verbos inflamados y tosquedades dialécticas conceda ya el menor valor a las afirmaciones de quienes dirigen la vida pública, pero, allende nuestras fronteras, lo que se dice desde las instituciones todavía forma parte del contrato social implícito entre el poder y los ciudadanos. De ahí, que las aseveraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, negando a España su derecho a considerarse una democracia plena, hayan provocado, por un lado, la rápida reacción de la Unión Europea en defensa de la calidad democrática de uno de sus socios, que en caso contrario no sería tal, y, por otro, la irónica respuesta del veterano ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, preguntándose a cuál de los miembros del gobierno de España hay que dar credibilidad. Si al que denuncia las deficiencias de un Estado que permite la existencia de presos y exiliados políticos o a quien proclama la plenitud de su democracia, en referencia a la ministra González Laya.

Pregunta que puede dejar de parecernos retórica a tenor de lo sucedido ayer en el Consejo de Ministros o, al menos, a tenor de las explicaciones de la portavoz del Gabinete, María Jesús Montero, para quien el artero, por calculado, ataque de Pablo Iglesias a las propias instituciones de las que forma parte y cobra por ello, no deja de ser una cuestión banal, incursa en los avatares de la campaña electoral catalana. Ni un reproche ni una simple exigencia de disculpas, no ya de dimisión, para quien en aras de su propia conveniencia política y electoral ha sembrado, conscientemente, una mina de fondo contra el buen nombre de España y el interés general de sus ciudadanos. No cabe mayor deslealtad ni mayor incoherencia en quien se reconoce, paladinamente, miembro de un Gobierno que no garantizaría el libre ejercicio de la democracia. Y no cabe mayor humillación para quienes, desde el mismo Gabinete, dejan pasar tal hecho en silencio, esperando a que escampe.

Pero no. El vicepresidente segundo del Gobierno no sólo ha dado pábulo a quienes, desde las propias instituciones, hay que insistir en ello, pretenden la ruptura nacional, sino que ha validado la mendaz campaña contra España que los nacionalistas de toda laya llevan décadas librando en el exterior. Quizá, como apuntábamos al principio, la opinión pública española no se sienta aludida en lo más mínimo por las afirmaciones de un demagogo demasiado conocido, pero mucho nos tememos que sólo el daño para la imagen de nuestros tribunales de Justicia sea mayor.