La apariencia cuenta mucho en la Justicia

Nada tenemos que oponer a las cualidades profesionales de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a la que adorna un larga carrera en el Ministerio Público, ni a su evidente inclinación por los postulados de la izquierda en materia jurídica ni, faltaría más, a su relaciones personales que nada determinante aportan al caso que nos ocupa, pero sí debemos señalar que, por encima de unas virtudes técnicas que no negamos, su nombramiento al frente de la Fiscalía General del Estado supuso un error político grave que debería ser corregido por el único procedimiento ahora posible, –dado que su tiempo de permanencia está tasado hasta el cese del actual Gobierno–, que no es otro que la presentación de su carta de renuncia.

Sería una salida conveniente para la propia Dolores del Delgado y, sobre todo, ayudaría a rebajar los decibelios del enfrentamiento político en el escenario judicial. Porque, a expensas de cómo resulte al final el proceso abierto en el Tribunal Supremo, que ha estimado la demanda contra su nombramiento que presentaron el Partido Popular y VOX, la actuación de la Fiscalía General seguirá siendo cuestionada ante la opinión pública por la aparente falta de imparcialidad y neutralidad de su presidenta. Ciertamente, no estamos ante una situación similar a la de Eligio Hernández, cuya designación para el mismo cargo fue declarada ilegal, en junio de 1994, por el Pleno de la Sala Tercera del Supremo –que dictaminó el incumplimiento de los requisitos reglados para su desempeño como fiscal general del Estado–, pero a nadie se le escapa que, además del Estatuto Fiscal, hay otra norma jurídica de rango superior, la propia Constitución, que establece para los nombramientos a la presidencia del Ministerio Público la apariencia de neutralidad e imparcialidad del candidato, cuestión sobre la que el Alto Tribunal debería crear jurisprudencia.

En cualquier caso, la falta de apariencia de imparcialidad es algo que parece evidente que no se cumple en una figura que, sin solución de continuidad, pasó de un cargo de libre designación del presidente del Gobierno, al frente del Ministerio de Justicia, forzosamente de partido, a la presidencia de un órgano del Estado que, por definición, actúa desde los principios de unidad, dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. En definitiva, Dolores Delgado fue un error, que sólo ella puede corregir.