El furor fiscal de un gobierno manirroto

Ayer, trascendieron a la opinión pública dos comunicaciones oficiales. Por un lado, la remisión a Bruselas de las previsiones presupuestarias para 2023, con un incremento extraordinario de la recaudación fiscal, y, por otro, la respuesta del Ministerio de Igualdad a una demanda de información por vía de la Ley de Transparencia, en la que se informaba de que la campaña «el hombre blandengue», impulsada por Irene Montero para concienciar sobre la nueva masculinidad, había costado dos millones de euros a los contribuyentes.

Se nos dirá que no es una buena práctica intelectual comparar lo que es un episodio anecdótico, una subvención chusca tomada al azar, con un hecho central en la vida pública, como son los presupuestos de una Nación, pero, aunque así fuera, lo cierto es que tenemos un Gobierno sujeto a tantos compromisos políticos, es decir, de gastos, que no tiene otra alternativa que operar por la vía de la presión fiscal para sostenerse. Es evidente que excentricidades como las que representan «el hombre blandengue» o las becas para estudios sobre «democratización feminista», que promueven una visión ideológica radical y, por lo tanto, minoritaria, no tendrían asiento si el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dependiera parlamentariamente sólo de su partido.

Por supuesto, en el gran saco del gasto público, estos dispendios en propaganda pueden considerarse marginales, incluso, si por unos estudios sobre la prostitución –fenómeno, al parecer, novedoso– se pagan 217 millones de euros, o, también, si los medios de transporte aéreo del Estado hacen más o menos viajes, pero lo que a nuestros efectos importa es que traslucen un sentido laxo del uso del dinero público, que sale de los impuestos, y que se refleja en el conjunto de las políticas económicas. Probablemente, indexar las pensiones al IPC podría ser una opción aceptable en condiciones de baja inflación o de deflación, como las que ha vivido la Eurozona las últimas dos décadas y, de hecho, el anterior gobierno popular trató de combatir los efectos perversos de la caída de precios sobre los pensionistas, pero debería estar muy claro que con una inflación disparada la indexación obliga a tensionar aún más un sistema de jubilaciones ya de por sí en desequilibrio.

Así, que el gobierno de coalición iba a tirar del incremento de las cotizaciones sociales, que pagan empresas y trabajadores, era una profecía de Perogrullo que redunda en lo que tratamos de advertir. Si debemos equilibrar las cuentas del Estado, como exige el Pacto de Estabilidad de la Eurozona, es preciso actuar también sobre la reducción del gasto público que es, exactamente, lo contrario de la filosofía que impregna el optimista Presupuesto presentado en Bruselas. Y si los socialistas portugueses lo han entendido, será, tal vez, porque sus comunistas ya están felizmente fuera del poder.