ERC exige al PSOE que entregue Cercanías y asuma un “procés” al margen de la Justicia

El Gobierno se las prometía muy felices con el proyecto de presupuestos y pensaba que la aprobación de las terceras cuentas de la legislatura (todo un hito teniendo en cuenta la fragmentación que hay en el Congreso) iba a ser mucho más asequible. Si bien, se ha encontrado con una Esquerra (13 diputados) muy exigente y con un PNV (6) con un tono más beligerante de lo que esperaba. Ambas formaciones suman 19 escaños de los 23 que precisa Moncloa para aprobar los números.

Esquerra, que contempla presentar una enmienda a la totalidad (tiene de plazo hasta el 21 de octubre), ha puesto un alto precio a su apoyo: dinero y «desjudicialización». Sobre la primera carpeta, podría haber un acuerdo «estrella» en las próximas semanas que acercara posiciones: el traspaso de Cercanías (Renfe), una reivindicación histórica del nacionalismo. El PSC presentó una moción en el Parlament en el Debate de Política General que abogaba por que Govern y Gobierno negocien y materialicen el traspaso de las competencias antes de que acabe este año. La moción contó con el apoyo de ERC y JxCat, que el jueves en el Congreso también ahondaron en esta exigencia. Gabriel Rufián llegó incluso a espetarle a Pedro Sánchez que en Cataluña ha habido dos «maquinarias» de hacer independentistas: «Mariano Rajoy y Rodalies», por sus retrasos y recurrentes problemas técnicos.

Cercanías se antoja como el acuerdo «estrella», pero también hay más: tanto Esquerra como el PDeCat (4 diputados) también echan en cara al Gobierno el bajo grado de ejecución de los presupuestos en Cataluña. El Gobierno ha presupuestado 2.508 millones de euros para invertir en la autonomía catalana en 2023 y los republicanos, en el Govern y con el horizonte incierto económico, no pueden renunciar a ese dinero, pero tampoco quieren pasar por alto que en la primera mitad del año solo se ha ejecutado el 16% de los presupuestos de 2022. Los republicanos, con el ojo puesto en las municipales, también quieren más dinero para los ayuntamientos y recriminan que se incrementen las transferencias un 2% (279 millones de euros) cuando tienen que asumir el coste de la revalorización de los sueldos públicos (un 3,5%, 645 millones de euros).

Pero la parte más delicada, sin duda, estará en la agenda de «desjudicialización» ya que los republicanos quieren una solución para 1.600 políticos y activistas con problemas con la justicia por el «procés»: ahí subrayan los siete que están fuera de nuestras fronteras (con Carles Puigdemont y Marta Rovira a la cabeza), para quienes la rebaja del delito de sedición y rebelión sería una fórmula buena (para intentar evitar la foto entrando en la cárcel si son entregados a España), y sitúan de nuevo en el mapa a los nueve indultados, que han salido de prisión pero siguen inhabilitados y no pueden ejercer cargo público (es decir, Oriol Junqueras no puede ser candidato de ERC).

En esta carpeta hay avances, pero sin cumplir con las expectativas de Esquerra, lo que ha conducido a los republicanos a elevar el tono en los últimos días y a mostrar mucho malestar: de hecho, advierten que no aceptarán el chantaje del Gobierno para los presupuestos catalanes porque se abren a prorrogarlos.

No obstante, de momento, Esquerra se está limitando a lanzar advertencias para presionar al Gobierno y extraer el máximo de réditos posibles: también hay que tener en cuenta que las relaciones entre los republicanos y el Gobierno han mejorado y se ha traducido ya en acuerdos, como el que desveló Pere Aragonès sobre el castellano en las escuelas catalanas (Moncloa se ha comprometido a no impugnar las maniobras de la Generalitat para sortear el 25% de español).

También es cierto que tal y como han quedado las cosas en Cataluña, republicanos y socialistas se van a necesitar mutuamente durante muchos años porque se antoja complicado que el independentismo recosa la unidad en un horizonte temprano, pero ERC quiere vender muy caro su apoyo.

El PNV, por su parte, buscará alguna contraprestación importante que permita justificar su apoyo a los presupuestos teniendo en cuenta que las aguas empiezan a revolverse por los incumplimientos en materia de transferencias y por determinados anuncios y formas de hacer del Gobierno, tomando decisiones unilaterales y electoralistas (la comparecencia del jueves de Sánchez no convenció a Aitor Esteban, que la consideró un «debate innecesario» destinado a exhibir sus medidas).

Los nacionalistas vascos tampoco descartan presentar una enmienda a la totalidad en función de cómo vayan las negociaciones esta próxima semana, pero sí es cierto que han allanado más el camino del acuerdo que ERC.

Entre tanto, el Gobierno también se va moviendo. Sánchez anunció el jueves que activa la bonificación del 20% de las cotizaciones sociales a todas las empresas de tres provincias densamente poco pobladas (Teruel, Cuenca y Soria), un compromiso que había asumido con Teruel Existe en las cuentas de 2022 y que es necesario, sin duda, para poder atraer el voto de Tomás Guitarte.

Además de Teruel Existe (1), el Gobierno tratará de atar el apoyo de Bildu (5), Compromís (1) y Más País (2), que se antojan más asequibles. También buscará, previsiblemente, el respaldo de Coalición Canaria (2) y PRC (1). No obstante, los apoyos más importantes (por volumen de escaños) son Esquerra y PNV, además del PDeCat, que entra siempre en la ecuación de gobernabilidad.

También es cierto que si Esquerra diera el paso y presentara una enmienda a la totalidad, se haría difícil pensar que no arrastrara el apoyo o la abstención de Bildu, con quien vota casi siempre alineadamente. Y se antoja casi imposible que la derecha acuda a salvar los presupuestos de Sánchez.