Maloliente cortina de humo con el aborto

No conviene dejarse confundir por el manido recurso a la cortina de humo tan cara a los gobiernos en dificultades, más cuando entra en juego algo tan grave como la banalización del aborto, que, más allá de consideraciones morales o religiosas, siempre supone un trauma personal para aquellas mujeres que optan por la interrupción del embarazo. Sin duda, cabría pedirle al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, un punto de reflexión a la hora de abordar políticas que tocan de lleno a uno de los dogmas más duros de la izquierda, como es el presunto derecho al aborto, más que nada para no caer en burdas trampas dialécticas, en las que los socialistas se desenvuelven con especial habilidad.

Por supuesto, nada tenemos contra las políticas en favor de la vida del no nacido, todo lo contrario, pero entendemos que se trata de una batalla mayor que no puede librarse desde un presupuesto meramente utilitarista, como es el de contentar, además a medias, a un socio de gobierno que busca reforzar su perfil de cara a las próximas elecciones. Dicho esto, la sobreactuación del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, con cotas inmarcesibles como las referencias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se califica por sí misma y retrata una manera tremendista del ejercicio de la política, en la que los aspavientos y las farisaicas roturas de vestiduras tratan de desdibujar ante la opinión pública la simple realidad de los hechos.

Nada de lo que propone el gobierno castellano leonés supone ilegalidad alguna ni, mucho menos, un retroceso en los avances conseguidos por las mujeres, aceptando a puros efectos retóricos que acabar con la vida de un ser en el seno materno lo sea. Ofrecer información a la mujer que va a someterse a un acto tan crucial no sólo no es ilegal, siempre que sea un acto voluntario, sino que figura entre las recomendaciones del Consejo de Estado y, por supuesto, el ofrecimiento de información cumple con las normativas sanitarias vigentes, tanto en el derecho a ser informado por parte del paciente como en su derecho a no recibir información. El protocolo de la Junta de Castilla y León tampoco obliga a los médicos, cuya praxis está regulada por la misma legislación. Es decir, nada hay que contradiga las leyes vigentes, en especial las que se refieren al aborto, recurrida, por cierto, ante el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, se hace muy cuesta arriba entender que desde algunos sectores que se denominan progresistas se pongan trabas o se rechacen con tanta vehemencia medidas destinadas a reducir la tragedia cotidiana del aborto en España, con más de 90.000 interrupciones de la gestación al año, y a ofrecer alternativas a las madres que se enfrentan a tan difícil dilema vital. Por lo demás, nada que no hayamos visto ya en la baja política.