El problema de la falta de credibilidad de Pedro Sánchez entra en una parte sustancial de la opinión pública española, que no admite de buena gana cambios de opinión que, en realidad, suponen flagrantes contradicciones entre el programa electoral con el que se presentó a las elecciones del pasado 23 de julio y las acciones llevadas efectivamente a cabo, como, sin ir más lejos, la aprobación de una ley de amnistía que él mismo había descartado por inconstitucional, hace que cualquier testimonio que contradiga el relato sanchista, aunque sea por referencias y parta de unos personajes bajo el riesgo de entrar en prisión preventiva hoy, jueves, tenga una inevitable aceptación. Más aún, si la acusación hacia el jefe del Ejecutivo de que mantuvo un encuentro personal con un exterrorista condenado, Arnaldo Otegi, para amarrar la moción de censura contra Mariano Rajoy, viene del mismo círculo socialista, muy cercano al inquilino de La Moncloa que negoció posteriormente la investidura con Bildu, pese a las protestas reiteradas y las promesas firmes de Sánchez de que no pactaría nunca con los herederos de la banda etarra. Que el pacto existió, aunque no se conozcan los detalles, es evidente a partir del comportamiento de los bilduetarras en el Parlamento y del impresionante ritmo de excarcelaciones de terroristas de la banda, que era lo único que le importaba a Otegi, como el exjefe etarra se encargó de explicar. Pero con ser políticamente grave el ataque combinado de Koldo García y de José Luis Ábalos sobre la posición presidencial, no hay que perder de vista el hecho de que esta rociada de «fuego amigo» no traspasa los límites de una acusación de contenido penal. De ahí, que debamos contemplar el panorama desde la perspectiva de un aviso a navegantes de los dos excompañeros y amigos, al parecer, de Sánchez, con quien hicieron la campaña que le devolvió a la secretaría general PSOE, en la vana esperanza, de que el Ejecutivo ponga algún paliativo, ¿compromiso de indultos?, que les ahorre una larga estancia en las prisiones del Estado. Sobre este caso siempre ha sobrevolado entre las filas socialistas la decisión de colaborar con los tribunales de Víctor de Aldama, que consiguió que le levantaran la prisión preventiva, y las consecuencias letales que tuvo para la principal estructura de mando de Ferraz, con dos secretarios de Organización procesados por presuntos delitos que, de probarse, les supondrían décadas de cárcel. Pero a esta situación hemos llegado, donde se enfrenta la palabra de dos presuntos delincuentes y la del presidente del Gobierno de la Nación y nadie sabe a quién creer con certeza. Y no debería Sánchez buscar culpables más allá del recinto de La Moncloa, porque él solito se ha metido en este jardín, que, de momento, están empezando a desbrozar los jueces independientes de España. Mal que le pese.