La deuda imposible de la Seguridad Social

No vamos a caer en la ingenuidad de preguntarnos por qué ese sector «progresista» de los medios de comunicación, que se escandalizaba con la merma de la hucha de las pensiones en los tiempos de Mariano Rajoy, calla ahora ante el crecimiento desmesurado y, al parecer, imparable de la deuda de la Seguridad Social. Como casi todo lo que tiene que ver con la izquierda española, en este asunto también funciona la técnica del doble rasero, el mismo que reputaba intolerable la Gürtel y aplaude la exoneración parcial por el Tribunal Constitucional de los condenados por el Supremo en el caso de los Eres, en una insólita incorporación de la función de casación a las tareas de los magistrados que pastorea Cándido Conde-Pumpido.

El problema no es menor, ni mucho menos. Desde que Pedro Sánchez ejerce la Presidencia del Gobierno la deuda de la Seguridad Social ha crecido desde los 41.194 millones de euros en 2018, hasta los 126.777 millones, a noviembre de 2024. Y mientras el salario medio de los españoles, como sucede en estos momentos, suba menos que la media de las pensiones, la situación seguirá agravándose hasta que llegue un momento –que la clase política actual no tiene el menor interés en contemplar– en el que haya que tomar medidas drásticas de ajuste o resignarse a la quiebra del Estado, circunstancia nada infrecuente en la historia económica de España.

Porque parece harto complicado que una sucesión en el tiempo de subidas de impuestos y cotizaciones sociales, que recaen en su inmensa mayoría sobre los hombros de empresarios y trabajadores, no acabe por agotar el principal yacimiento fiscal, el mercado laboral, que ya da las primeras muestras de estrés con la precarización de los contratos, la caída de las horas trabajo y el incremento de la temporalidad. Y ello, mientras las nuevas cohortes de jubilados que se incorporan al sistema vienen en buena parte con largas carreras profesionales y salarios más altos, es decir, con derechos adquiridos a las pensiones más altas.

Desde el populismo imperante, que teme sobre cualquier otra consideración la reacción en las urnas de más de nueve millones de pensionistas, es imposible plantear una racionalización del gasto que pase, por ejemplo, por no asumir de manera íntegra el indicador del IPC a la hora de la revalorización de las pensiones, vinculándolas a la mejora de la productividad de nuestro tejido económico y al crecimiento del PIB. Porque a falta de mayor natalidad propia, la sustitución paulatina de la fuerza laboral por una inmigración poco preparada y que, por lo general, cobra menores sueldos no es la solución que la situación requiere. Es incómodo, ya lo sabemos, pero alguien tendrá que explicar a los pensionistas, los actuales y los que se sumarán en el inmediato futuro, la verdad de un sistema que ya no da más de sí.