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Editorial

La difícil relación del Gobierno con las leyes

Ciertamente, al final, el Gabinete sanchista acaba plegándose, pero no sin haber llevado a cabo una labor de cuestionamiento de las decisiones judiciales tremendamente demoledor para la confianza en la Justicia de los ciudadanos.

Rego dice que el hijo menor de Juana Rivas "teme por su vida", según el informe de la psicóloga EUROPAPRESS

Hasta tres ministros del Gobierno, Félix Bolaños, Sira Rego y Ana Redondo, han presionado directamente a los jueces actuantes en el último capítulo del caso de Juana Rivas. Es una afirmación grave, pero, desafortunadamente, responde a la realidad de unos representantes del Poder Ejecutivo calificando de injustas o inadecuadas unas decisiones judiciales avaladas por los altos tribunales de España e Italia, al tiempo que afirmaban la necesidad de cambiar unas leyes que, al parecer, no gustan a la coalición de izquierdas que nos gobierna, por cuanto protegen los derechos de un padre, Francesco Arcuri, frente a los de una madre, Juana Rivas, convertida por el progresismo patrio en símbolo de la lucha feminista, que ha estado muy cerca de contravenir las condiciones del indulto que le concedió el Gobierno de Pedro Sánchez tras ser condenada en firme por sustracción de menores a dos años y seis meses de cárcel y a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante un periodo de seis años.

No es cuestión de entrar en la peripecia personal y familiar de los principales protagonistas ni, tampoco, en la reiteración de la desobediencia a las decisiones de los tribunales por parte de Rivas. Ni siquiera parece necesario comentar el recurso a la denuncia falsa de malos tratos y a otras triquiñuelas de leguleyos que han jalonado casi una década de batalla en los juzgados, aunque sólo sea porque son actuaciones que responden a la esfera privada y a la responsabilidad de quien, equivocado o no, no ve más salida que la confrontación personal hasta las últimas consecuencias. No es el primer caso ni, por supuesto, será el último de disputa por la custodia de unos menores tras un divorcio.

Ahora bien, sí creemos que es importante destacar que en el asunto presente se ha vuelto a poner de relieve, en toda su crudeza, la difícil relación del Gobierno con el cumplimiento de las leyes y con las decisiones de los representantes de la Justicia cuando éstas no están de acuerdo con sus prejuicios ideológicos o con sus intereses de partido. Ciertamente, al final, el Gabinete sanchista acaba plegándose, pero no sin haber llevado a cabo una labor de cuestionamiento de las decisiones judiciales tremendamente demoledor para la confianza en la Justicia de los ciudadanos.

Se argüirá, y podría ser cierto, que hace ya tiempo que la opinión pública española está de vuelta de la propaganda gubernamental y de las polémicas artificiales que desatan sus grupos de presión, pero que el filtro ciudadano en una sociedad moderna y democrática funcione relativamente bien no empece para que debamos denunciar la labor de zapa contra el Poder Judicial por parte de una izquierda que, por los hechos, parece mucho más interesada en conformar tribunales a su imagen y semejanza que en el respeto a la Ley.