Doñana, monumento a la desidia socialista

Mucho debe confiar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la proverbial falta de memoria colectiva de los españoles para descargar sobre la actual Junta de Andalucía la responsabilidad de la delicada situación medio ambiental de una de las joyas naturales de España, el parque de Doñana, monumento a la desidia socialista, que bien podría ser coronado con el engendro urbanístico de Matalascañas.

Pero no es preciso remontarse a cuarenta años atrás para desmontar con hechos la cínica campaña de propaganda gubernamental –que no ha tenido reparo alguno en recurrir a una Comisión Europea a la que, desde toda evidencia, se ha ocultado el alcance territorial de la ley de regadíos que pretende aprobar el gobierno autónomo andaluz, que sólo toca tangencialmente la zona de protección del parque– porque en fecha tan cercana como diciembre de 2018, con Pedro Sánchez ya al frente del Ejecutivo, se aprobó el plan de transferencia de recursos hídricos entre las cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir, trasvase que buscaba la sustitución del agua procedente del acuífero de Doñana utilizada en las explotaciones agrarias –de gran importancia para la economía de la zona–, por las aguas superficiales de una cuenca que suele tener excedentes la inmensa mayoría de los años.

Pues bien, ninguna de las obras hidráulicas previstas en el proyecto se ha llevado a cabo en estos cinco años de gobierno de coalición socialista, a pesar de que el actual Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que preside Teresa Ribera, reconocía en octubre de 2022 que se trataba de «un proyecto clave» para el abastecimiento del Condado de Huelva, «así como para mejorar la estabilidad del riego en la provincia, aportar recursos a usos industriales, facilitar la recuperación de los acuíferos de la zona y apuntalar el equilibrio hídrico del entorno, en especial del Parque Nacional de Doñana».

Cabe añadir, sin ánimo de incurrir en sarcasmo alguno, que «ese proyecto clave» lo sería aún más en un momento de «emergencia climática», declarada oficialmente por la propia Teresa Ribera, dado que entre las consecuencias previstas del calentamiento global se encuentra la reiteración de los periodos de sequía. Pero el problema de la inacción de los gobiernos socialistas en materia de obras hidráulicas, desde un mal entendido ecologismo que demoniza los embalses y los trasvases, no se circunscribe a Doñana. Afecta al conjunto del territorio nacional y deja inerme a la sociedad para, cuando menos, paliar las consecuencias de la anunciada escasez estructural de agua. Y ello, en un país como España, secularmente torturado por una meteorología adversa, pero que ha sabido convertirse en una de las grandes potencias agropecuarias del mundo.