Si bien se ha instalado entre la opinión pública la idea de que los jubilados en España disfrutan de unas pensiones similares o, incluso, superiores a lo que puede ganar un empleado en activo, la realidad es que sólo es verdad en el caso del salario más frecuente, mientras que sus ingresos medios permanecen por debajo del salario mediano y del salario medio. O, dicho de otra forma, tanto la mayoría de los trabajadores como la mayor parte de los pensionistas españoles se encuentran en situación de precariedad económica crónica, aunque con una ventaja de los últimos sobre los primeros: el acceso estable a una vivienda en propiedad, convertido en una entelequia para las nuevas generaciones. Valga este preámbulo para contextualizar los resultados que arroja el último informe internacional sobre el Índice Global de Jubilación, referido a este año de 2025, que sitúa a nuestro país en el puesto 39 de 44 estudiados, lo que le convierte en el peor lugar de la Unión Europea para jubilarse. De hecho, según el estudio, por detrás de nosotros sólo están China, Turquía, Colombia y la India. Por supuesto, puede discutirse la elección de los indicadores por parte de los autores del informe, pero factores como la existencia de un sistema sanitario muy por encima de la media, con el quinto puesto mundial por esperanza de vida, o la mejora en la igualdad de ingresos no pueden compensar los déficits más significativos de la estructura social y económica de España, como son la elevadas tasas de desempleo, que el maquillaje gubernamental no consigue ocultar; la caída de la productividad, relacionada con los bajos salarios, y el envejecimiento acelerado de la población, que el aumento notable de la inmigración no acaba de compensar. La conclusión es que, en estas circunstancias, la continuidad del sistema de pensiones tal y como lo conocemos corre un riesgo cierto en el medio plazo, que las reformas de estos últimos ejercicios, con el alargamiento sucesivo de la edad de retiro a los 67 años y el endurecimiento de las condiciones para acceder a la pensión, no consiguen conjurar. Una vez más, la realidad se impone sobre el modelo ideológico del mercado laboral, reiteradamente fracasado, de una izquierda radical que ni aprende de sus errores ni escucha las quejas de empresarios y trabajadores. Altos impuestos al trabajo, fragmentación del mercado y trabas burocráticas que no cesan de crecer son obstáculos al crecimiento económico y a la mejora de las condiciones salariales, que son, no lo olvidemos, las bases sobre las que tiene que asentarse un sistema de pensiones de las características del español, basado en la solidaridad intergeneracional. Que sólo dos comunidades autónomas, Madrid y Baleares, sean capaces por sí mismas de hacer frente a las pensiones en el caso de una ruptura de la caja común, debería hacer reflexionar al Gobierno.