Editorial
Los garantes de una Nación en libertad
No dejaría de ser una inmoralidad política que los prejuicios ideológicos de una parte de la sociedad, desde un mal entendido pacifismo, regateen las inversiones que demandan nuestras necesidades defensivas.
Ayer, en Oviedo y bajo la presidencia de Sus Majestades, se celebró el acto central de la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas, que transcurrió en medio del afecto y el reconocimiento de los miles de ciudadanos que asistieron al desfile militar. No descubrimos el Mediterráneo si señalamos la evidencia de que nuestros Ejércitos conforman una de las instituciones del Estado mejor consideradas por los españoles, que confían en su profesionalidad, su disciplina y, sobre todo, en su capacidad de sacrificio como garantía de una España en libertad que ha sabido construir, con la Constitución, una de las escasas democracias plenas que existen en el mundo.
No en vano, nuestra Carta Magna asigna a las Fuerzas Armadas, bajo el mando supremo del Jefe del Estado, la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Es una doble obligación, exterior e interior, pero que sólo puede entenderse como una única misión, puesto que una Nación ayuna de libertad, fragmentada y sin propósitos comunes difícilmente podrá resistir a los enemigos externos. Es en las actuales circunstancias, con Occidente enfrentado a la realidad de una triple agresión exterior –que combina los medios militares convencionales, el terrorismo y la presión económica–, es cuando la opinión pública debe de tomar conciencia del papel esencial de las fuerzas militares y de la necesidad de hacer un esfuerzo presupuestario que dote a los Ejércitos de los medios y personal adecuados para la misión.
Porque no está en las manos del estamento militar, que disciplinadamente se debe a las directrices que marca el Gobierno de la Nación, sino del Parlamento, allegar los instrumentos que garanticen el cumplimiento de nuestro ordenamiento constitucional. En este sentido, los militares españoles, como vienen demostrando desde hace cuatro décadas, cumplirán su deber sin queja y con los medios de que dispongan, allí donde el Gobierno considera que es necesario su despliegue, pero no dejaría de ser una inmoralidad política que los prejuicios ideológicos de una parte de la sociedad, desde un mal entendido pacifismo, regateen las inversiones que demandan nuestras necesidades defensivas.
Ciertamente, y no nos duelen prendas al reconocerlo, el actual Gobierno, con la ministra Margarita Robles al frente de Defensa, está llevando a cabo un notable esfuerzo inversor en la modernización de los medios de los tres ejércitos, pero han sido demasiados los años de restricciones presupuestarias, demasiados los retrasos en la implementación de los complejos programas de armas que exige la guerra moderna, como para que podamos darnos por satisfechos. El dolor de Ucrania, bajo una espuria invasión, debería servir de aviso a navegantes de que, en el siglo de la electrónica, la defensa no se improvisa.
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