Lobby de asesores al servicio del presidente

Una legión de asesores, consultores, consejeros, orientadores y personal de confianza acompaña al Gobierno de Pedro Sánchez como una guía política del oportunismo practicada desde Moncloa durante esta última legislatura. El presidente del Gobierno se vale de este ejército de guías y tutores gubernamentales para desplegar su poder por todas las áreas públicas. El Boletín Estadístico del Ministerio de Función Pública nos da la cifra: nada menos que 948 asesores a través de sus 22 ministerios son el personal al servicio directo de Moncloa, la cifra más alta de la historia, y que en vez de detenerse no ha hecho más que crecer año tras año y sumar récords que superan ya el umbral de lo permisible por la ciudadanía, que empieza a preguntarse de qué valen tantos asesores con la que le está cayendo al Ejecutivo. Y no hay que olvidarse de que hay que sumar el dato de altos cargos, que también ha alcanzado una marca histórica: 799. Unas cifras que dejan en ridículo las que hasta ahora dominaban este ranking, los 648 colaboradores de los que se rodeó en su mandato el penúltimo presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

Hay quien se atreve a ir más allá y eleva esa cifra hasta los 1.300 y casi 12.000 funcionarios más colocados a dedo. Un nepotismo propio de una república bananera a la que cada vez nos parecemos más. Todo apunta a que nos acercamos a pasos agigantados hacia un modelo clientelar en el que cada vez más ciudadanos dependen de la gracia del Gobierno para llegar a fin de mes. Un voto cautivo del que Moncloa se ha valido para llegar al mínimo con el que convertir la legislatura en una subasta informal para cada aprobación de sus reales decretos.

Y no debemos olvidar el coste económico que esto acarrea. El Gobierno gastó más de 75 millones de euros en pagar los salarios de este personal eventual en 2024, el último ejercicio completo, lo que supone, de media, un gasto superior a los 79.000 euros anuales por asesor. Con un agravante, que a pesar de su creciente número y de su elevado salario, su situación contractual es completamente opaca, no se sabe quiénes son, por qué han sido nombrados o cuáles son sus funciones, sus currículums o sus virtudes. Ni siquiera se han hecho públicas sus declaraciones de bienes, para comparar la evolución de su patrimonio personal, si usan puertas giratorias, si tienen conflictos de intereses o, simplemente, cuándo son nombrados o cesados, incumpliendo gravemente la Ley de Transparencia.

Trabajan en un limbo estatutario sobre el que pesa la ley del silencio. Bien lo saben los trabajadores del Palacio de La Moncloa, a los que se obliga a una «omertá» sobre este grupo de privilegiados, que opera como un lobby de poder en la sombra al servicio de Pedro Sánchez.