La elucubrada matización al lema antisemita «desde el río hasta el mar» hecha ayer por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no sólo llega tarde, sino que difícilmente calmará el enfado del Gobierno de Tel Aviv, herido donde más podía dolerle, por cuanto las acusaciones de «genocidio» proceden del propio Consejo de Ministros de una democracia europea con la que Israel mantenía buenas relaciones y compartía áreas sensibles de colaboración.

Podemos discrepar de la conveniencia de la represalia israelí, que golpea directamente a los palestinos de Cisjordania asistidos por la diplomacia española, pero no es posible negar la evidencia de la actitud de clara hostilidad hacia los intereses hebreos de una parte del Gabinete que preside Pedro Sánchez, el que representa la izquierda radical de Sumar, alineada en la práctica con una organización terrorista como Hamás.

Sin duda, los exabruptos de la ministra Díaz, coreados con indisimulada saña por parte de sus antiguos compañeros de Unidas Podemos –Pablo Iglesias, Irene Montero e Ione Belarra– no hubieran causado más que una controlada irritación en el Gobierno israelí –porque no es ninguna novedad que el antisemitismo de la izquierda se camufle detrás del apoyo a los palestinos–, de no mediar el anuncio del reconocimiento del Estado palestino hecho por el presidente del Gobierno, en una sesión del Parlamento que venía condicionada por los problemas domésticos del jefe del Ejecutivo y por el inicio de una campaña electoral para los comicios a la Eurocámara que la dirigencia socialista considera determinantes para el futuro de la legislatura.

No vamos a insistir en que la situación que atraviesa el pueblo israelí, víctima en su propio territorio de uno de los progromos más crueles de los que hay memoria, merecía mayor sensibilidad por parte de los medios gubernamentales españoles, al menos, la misma que por las víctimas inocentes de Gaza, convertidas en escudos humanos por la dictadura islamista que les gobierna, pero sí es preciso denunciar el uso electoralista de la política exterior de España por parte de los partidos que ocupan el poder. Es evidente que la crisis en Oriente Próximo ha servido a Sumar, en horas bajas y con un liderazgo discutido, para marcar diferencias con el sector socialista y, al menos así lo parece, que desde La Moncloa se ha tratado de marcar perfil progresista desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La cuestión es que hay demasiado ruido en el Palacio de Santa Cruz, con actuaciones desmesuradas como la retirada sine die de nuestro embajador en Buenos Aires o el reconocimiento de Palestina, acto meramente simbólico que nos deja a extramuros de las principales democracias occidentales en el momento menos oportuno. Cree el Gobierno que con estas cortinas de humo mejoran sus expectativas electorales, pero a medio plazo el mal está hecho.