Sanciones

Una hostelera de Baiona se enfrenta a más de 30.000 euros de multa por tener a seis camareros sin contrato en plantilla

El Juzgado de lo Social de Vigo confirma una sanción de 33.750 euros por emplear a seis personas sin alta en la Seguridad Social durante la fiesta medieval Arribada de 2023

Un camarero llevando copas en una boda
El tribunal desestimó la defensa que alegaba "camaradería medieval" y gestos puntuales como "preparar un choripán a modo de broma"Reuters

La dueña de una tapería del casco viejo de Baiona deberá pagar 33.750 euros tras la sentencia del Juzgado de lo Social nº5 de Vigo, que respalda la sanción de la Inspección de Trabajo. Los magistrados confirmaron que seis personas atendían labores esenciales durante la Arribada de 2023 sin contrato ni alta en la Seguridad Social, pese a que la empresaria alegó que eran "familiares y amigos" en ambiente festivo. La multa, actualmente suspendida hasta firmeza de la resolución, incluiría además cuotas impagadas a la Seguridad Social si se confirma.

Pruebas irrefutables de laboralidad encubierta

La inspección sorpresa en marzo de 2023 documentó a ocho trabajadores en cocina, mostrador y atención al público: solo dos estaban dados de alta (el marido de la propietaria y un ayudante). Cinco de los seis no regularizados admitieron espontáneamente que "cubrían el fin de semana", mostraron horarios concretos y vistieron mandiles de hostelería. Una trabajadora colombiana carecía incluso de permiso laboral, desmontando la tesis del voluntariado altruista.

El tribunal desestimó la defensa que alegaba "camaradería medieval" y gestos puntuales como "preparar un choripán a modo de broma". Valoró como determinante que dos de los implicados ya habían trabajado antes en el local con contrato, junto con la naturaleza "esencial e imprescindible" de sus tareas. Esta resolución refuerza la doctrina del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que equipara estas colaboraciones informales a relaciones laborales cuando hay habitualidad, ajenidad y dependencia.

De ratificarse, la sanción sentará un precedente contra los negocios que recurren a mano de obra no declarada durante eventos masivos, obligando a regularizar incluso colaboraciones breves con funciones clave.