La Iglesia cerró el acuerdo sobre el Valle de los Caídos «para evitar perderlo todo»

El Vaticano cerró el acuerdo del Gobierno sobre la resignificación del Valle de los Caídos con “cierta flexibilidad” y con el fin de “evitar el riesgo de perderlo todo”. Así lo ha confesado el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, a través de una carta enviada este 8 de agosto a Mihail Neamțu, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de Rumanía.

Se trata de una misiva que responde a otra enviada por el presidente del partido Noua Republică el pasado 25 de marzo en el que el político expresaba “su profunda preocupación” por el futuro de la abadía benedictina. El ‘primer ministro’ vaticano, no solo da acuse de recibo al político rumano, sino que subraya en el documento que “se está haciendo todo lo posible” para preservar el complejo monumental, así como “la presencia continua de la comunidad” de los monjes.

La breve misiva ha sido desvelada por el eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch, a través de su perfil de ‘X’, donde asegura sentirse “escandalizado” por los “planes de destrucción” de la basílica y del monasterio, cuando hasta la fecha ni la Iglesia ni el Gobierno de Pedro Sánchez han puesto sobre la mesa esa posibilidad dentro de la hoja de ruta que se ha planteado.

Con esta carta, Parolin comparte uno de los principales temores que se vislumbró en el horizonte eclesial cuando el Ejecutivo de coalición situó como prioridad de esta legislatura la resignificación de Cuelgamuros, como una de las acciones estrella dentro del programa de actos con motivo de los cincuenta años de la muerte de Francisco Franco que Moncloa ha buscado conmemorar. Si bien, el Gobierno nunca se planteó la destrucción, desde la Iglesia sí llegaron a expresar sottovoce su preocupación por la desacralización del templo y la expulsión de los monjes de la abadía y el cierre de la escolanía y la hospedería bien sustituyendo a las benedictinos por otra comunidad, bien deshabitando el enclave con la mera presencia de un capellán para las celebraciones. Y todo, bajo el amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Sin embargo, ninguno de esos extremos se cumplió. Y es ahí donde fue clave la negociación capitaneada como interlocutor autorizado por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, designado por la Santa Sede. Sobre todo, después de constatar que uno de los objetivos principales de la segunda y última visita de Pedro Sánchez a Roma para reunirse con Francisco en octubre del año pasado era precisamente el Valle de los Caídos. Y es que, como siempre han defendido a LA RAZÓN fuentes tanto eclesiales como de Moncloa, el presidente tenía cierta fijación con la salida de Santiago Cantera, entonces prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, porque le consideraba el principal muro para torpedear la exhumación del cuerpo del dictador.

En este contexto y con el aval de la Secretaría de Estado, Cobo trabajó mano a mano en una comisión conformada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el ya ex nuncio, Bernardito Auza, para consensuar los pasos que dar con Moncloa. Además, de todas estas gestiones estaría la tanto el abad de Solesmes, Geoffroy Kemlin, como responsable último del monasterio español.

Fue el pasado mes de marzo cuando trascendió que Cantera dejaba de ser el prior de la comunidad benedictina y que, además, por voluntad propia, abandonaba el enclave, en sustitución por el padre Alfredo Maroto, elegido por sus hermanos para guiar la abadía. Prácticamente a la par, trascendía un principio de acuerdo que blinda la presencia de los monjes en Cuelgamuros, de la escolanía y la hospedería. Respetando la basílica como espacio sagrado, solo se permitirán intervenciones con carteles explicativos en el vestíbulo, el atrio, la nave desocupada y la cúpula del templo. La zona del altar y las bancadas seguirán intactas. Eso sí, en el exterior se sumará un centro de interpretación en la explanada exterior sobre el origen y la historia del lugar.

Con estas premisas como punto de partida que se habrían ratificado en un encuentro celebrado a finales de febrero en el Vaticano entre el ministro de la presidencia Félix Bolaños y el propio Parolin, el Gobierno lanzó un concurso de ideas para la remodelación que costará cerca de treinta millones de euros. En el jurado de este proceso de resignificación participa un representante eclesial para valorar la idoneidad de los 34 proyectos presentados: el delegado de Liturgia del Arzobispado de Madrid, Daniel Alberto Escobar. La convocatoria no ha estado exenta de polémica. Por un lado, por una oleada de nueve recursos judiciales que cuestionan la legalidad del procedimiento. Por otro, los propios obispos denunciaron a través de un comunicado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana dio un paso al frente en este sentido ““sin contar con la Iglesia acerca de los pormenores o cuestiones que deberían ser concretadas con anterioridad”-

Los pastores revolvían a pesar de que el acuerdo genérico entre el Vaticano y Moncloa había contado con el “refrendo total, unánime y sin ninguna voz discrepante” de los obispos españoles, según expresó en su momento el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán. Los pastores respaldaron el pacto en la Asamblea Plenaria celebraba en abril, donde sufrieron varios escraches al grito de “judas” y “traidores” por parte de una treintena de manifestantes convocados por HazteOir, plataforma social vinculada a VOX. Entretanto, los benedictinos, bajo la batuta de Alfredo Maroto, han expresado públicamente su “especial gratitud” a Cobo por “asegurar su presencia” en el Valle.