El Gobierno ya ha elegido al relevo de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. Se trata de la fiscal de Sala del Tribunal Supremo Teresa Peramato, que era uno de los nombres que se manejaban como favorita en los pronósticos. No hay sorpresa y el Ejecutivo se ha decantado, como no podía ser de otra manera, por un perfil continuista, reforzado además por ser una especialista en violencia de género. Teresa Peramato es una jurista con amplio bagaje en la carrera y de marcada orientación corporativa derivada de su condición como expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, un grupo de marcada sintonía con Moncloa y que ha resultado claramente favorecido con la confianza en el reparto de ascensos y responsabilidades en el Ministerio Público en estos siete años de sanchismo. Ha sido el caso de Teresa Peramato, que resultó promocionada en varias oportunidades por la exfiscal general Dolores Delgado y por su sucesor, Álvaro García Ortiz. Nada que no hubiera ocurrido con otros asociados de la UPF. Queda pendiente el encaje de la designada en los requisitos acordados entre PP y PSOE para la renovación del CGPJ, y que exigió Bruselas para primar la independencia de la Fiscalía: jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión; aval del CGPJ en su informe, preceptivo y favorable sobre su idoneidad y que no haya desempeñado cargos políticos en los últimos cinco años. En principio, Teresa Peramato quedaría a expensas del juicio del órgano de gobierno de los jueces. Es evidente que los antecedentes de una personalidad con esta trayectoria nos obligan a recibirla con escepticismo y recelo para un pilar del Estado de derecho que debería reconocerse por su imparcialidad y exclusivo compromiso y lealtad con la defensa a ultranza del principio de legalidad. Sin apriorismos ni censuras apresuradas, sí que nos cuesta reconocer que esta nueva etapa esté en las mejores condiciones para recuperar la imagen y el prestigio perdidos de la institución. Su defensa como consabida experta en los delitos contra la mujer de la Ley del solo sí es sí, que benefició a cientos de depredadores sexuales, tampoco nos parece la mejor de las cartas de presentación. Pero todo ello palidece con el gran baldón que ha ensombrecido y colocado bajo sospecha a la Fiscalía General como ha sido su instrumentalización política por parte del presidente del Gobierno. Ese «de quién depende la Fiscalía, pues eso» de Pedro Sánchez alumbró un panorama oscuro de politización y obediencia de una columna capital de la democracia que culminó en el juicio y condena de Álvaro García y, lo que resultó más esclarecedor, la furibunda reacción del gabinete y sus partidarios mediáticos. No dudamos de que el presidente espera que Teresa Peramato no se aparte de la senda de su predecesor. Veremos cuál será su grado de resistencia e independencia. Por sus obras la conoceremos.