Agricultores
La Unión Europea cambia las normas para los agricultores: así afectarán las nuevas reglas al campo
Tras su aprobación, los países miembro deberán vigilar y evaluar la salud del suelo
La Unión Europea ha situado la protección del entorno en el centro de su agenda política, impulsada por la creciente evidencia científica del deterioro ambiental y por la presión social que exige respuestas más firmes frente a la crisis climática.
La pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire y del agua, el agotamiento de los recursos naturales y los efectos cada vez más visibles del cambio climático han llevado a las instituciones europeas a replantear sus estrategias y a adoptar medidas más ambiciosas.
Es por ello que recientemente se ha aprobado a nivel europeo un nuevo reglamento con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Una normativa que sienta un precedente y que tendrá un impacto sobre los agricultores del área comunitaria.
¿En qué consiste la nueva medida?
En los últimos años, muchos terrenos agrícolas, industriales e incluso urbanos han acumulado sustancias que pueden resultar perjudiciales para las personas o el medio ambiente. Por ello, la Unión Europea ha impulsado la Directiva de Vigilancia del Suelo, el primer marco a nivel europeo de evaluación y vigilancia de la tierra.
Se trata de una normativa que deben cumplir todos los estados miembros y que pretende implantar un sistema común para analizar, controlar y reportar el estado de sus suelos. En este caso, serán los Gobiernos los encargados de monitorear los suelos, pero las consecuencias las sufrirán los propios agricultores. Y es que la UE asegura que la degradación del suelo "se ve agravada por la gestión insostenible del suelo", en parte por la sobreexplotación de los terrenos.
¿Por qué surge este control sobre el suelo?
La nueva normativa sienta un precedente histórico a nivel europeo, puesto que hasta ahora no existía una regulación homogénea que obligara a todos los países a medir y controlar realmente qué ocurre bajo nuestros pies.
Con esta política, la UE busca dar un paso más en la protección del entorno y en la garantía de un futuro más seguro para la población europea. La legislación recién aprobada obligará a los 27 países del área comunitaria a realizar análisis periódicos de sus terrenos para detectar la presencia de contaminantes y evaluar su impacto potencial.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la de elaborar mapas detallados sobre la calidad de los suelos, algo que estará disponible para cualquier ciudadano. Un avance en términos de transparencia, ya que cualquier persona podrá conocer el estado real de los terrenos de su municipio.
Además, las autoridades nacionales tendrán que identificar las zonas con posibles riesgos de contaminación y establecer planes de actuación específicos cuando se detecten indicios claros de degradación. Estos planes deberán incluir medidas correctivas para restaurar la calidad del suelo y prevenir futuros problemas.
¿Cómo afectará a los agricultores?
La Directiva de la Vigilancia del Suelo busca controlar la posible contaminación de derivados de las actividades agrícolas. Según se recoge en el artículo 2 de la normativa, se establece que los Estados "animarán y apoyarán a los propietarios y administradores de tierras" a proteger y mejorar la resiliencia del suelo, "y darán facilidades para que los propietarios y administradores de tierras hagan dichas mejoras“. En ese sentido, los agricultores deben tener acceso a un asesoramiento imparcial e independiente para informarse y formarse sobre prácticas de protección del suelo y los beneficios de las mismas.
No obstante, las consecuencias llegan en caso de contaminación. Si existe cualquier problema, será el responsable el que deba asumir los costes de investigación del suelo, evaluación de los riesgos, gestión y saneamiento.
Para ello, se establecerá una jerarquía o una cadena de responsabilidad, que ayudará a determinar la persona física o jurídica responsable.
¿Cuándo entrará en vigor?
Aunque la directiva fue aprobada en el mes de septiembre de 2025, todavía hay tiempo para que los países la apliquen. La ley exige la elaboración de cartografías detalladas, revisiones periódicas y controles específicos sobre contaminantes que hasta ahora no se examinaban de forma uniforme.
No obstante, al haber sido aprobada recientemente, su aplicación se debe demorar. Las normativas comunitarias tienen un plazo establecido de aplicación tras su entrada en vigor. Los Estados contarán con tres años para adaptar su legislación interna, diseñar el sistema de control y fijar los plazos de evaluación para los distintos tipos de suelos, por lo que no será hasta 2028 cuando los territorios tendrán la obligación de aplicar la norma.
