Sánchez consuma la infamia contra España

La propia reacción de los partidos nacionalistas catalanes a la aprobación de la ley de amnistía echa por tierra el falaz argumentario de la reconciliación, con el que el PSOE ha tratado de adormecer conciencias. En efecto, tanto los portavoces de ERC como de Junts, con mayor o menor énfasis, han acogido la medida de gracia como un primer paso hacia el referéndum de autodeterminación, en la pura lógica del contenido de la norma, y se disponen a reanudar el procés, sin que pueda descartarse el retorno a la unilateralidad.

Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha consumado la infamia contra la mayoría de la nación española sin que, además, tenga asegurada la lealtad de sus socios para terminar la legislatura. Ciertamente, el trámite parlamentario de la ley no ha concluido y la mayoría del Partido Popular en el Senado augura la mayor de las resistencias, pero en cualquier caso, el daño a las instituciones con el desarme del Estado ya está hecho y, frente a ingenuas esperanzas, cabe esperar poco de la Unión Europea y menos aún de un Tribunal Constitucional, cuya mayoría ha sido conformada a imagen y semejanza del llamado «progresismo».

Con todo, lo peor es la constatación por parte de los socios de investidura de que el presidente del Gobierno es capaz de puentear el ordenamiento jurídico para seguir en La Moncloa, no importa el coste que le exijan. En este sentido, y dicho sea de paso, la renuncia a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es una buena noticia porque es inimaginable hasta dónde podría llegar el «mercado persa» de los separatistas.

Por otra parte, la votación de la ley en el Congreso no ha deparado sorpresa alguna como era de esperar, una vez que los diputados socialistas han mantenido la estricta disciplina de voto que convierte a las Cortes en mera cámara de resonancia del Poder Ejecutivo, lo que desnaturaliza la democracia, y pese a que autorizadas voces del PSOE han criticado con contundencia el contenido de la ley.

Es más, los mismos ministros que rechazaron públicamente no hace dos semanas las enmiendas a la proposición de ley que exigía Carles Puigdemont en pro de una amnistía «íntegra y completa» se deshacían ayer en aplausos fervorosos bajo la irónica mirada de sus socios parlamentarios. Poco se puede decir de un Gobierno que asume con entusiasmo la destrucción del principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y de unos ministros que cambian de opinión a medida de las necesidades cambiantes del jefe del Gabinete. Mucho nos tememos que, en breve, sea «el derecho de autodeterminación» y las «consultas acordadas» lo que ocupe la agenda de un presidente de gobierno que, no lo olvidemos, ha sido capaz de saltarse los contrapesos del sistema democrático para ajustarlo a sus propias necesidades e intereses.