
Justicia
15.000 funcionarios se ponen del lado de jueces y fiscales contra Bolaños: "Injerencias políticas"
Apoyan el paro de los miembros de la Carrera convocado el próximo 11 de junio y el riesgo de injerencias políticas en las investigaciones

Alrededor de 15.000 funcionarios de los cuerpos superiores de la Administración General del Estado han salido este lunes en apoyo de los jueces y fiscales que celebrarán el próximo 11 de junio un paro en protesta contra las "leyes Bolaños".
Estos trabajadores públicos, agrupados en Fedeca, han lanzado un comunicado para mostrar su "defensa de las reivindicaciones" que trasladaron públicamente todas las asociaciones judiciales y de la Fiscalía (menos las progresistas) contra los planes que para ellos tiene el Ministerio de Justicia.
Coinciden que la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que quiere llevar a cabo el ministro socialista "incrementa de manera injustificada" el poder del fiscal general del Estado sobre todo el cuerpo del Ministerio Público.
Por un lado, resaltan, como hicieron las agrupaciones, que "no responde a una verdadera demanda social" y "tampoco contribuye a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia".
Lo que sí implica para Fedeca es un incremento del riesgo de "injerencia políticas" y "politización", dado que este cambio coincidirá con la reforma de la reforma de Ley de Enjuiciamiento (LeCRIM) que dará la instrucción de los casos a los fiscales.
"Supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales", subrayan trabajadores públicos, como antes hicieron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), así como la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Independiente y Profesional de Fiscales (APIF).
Sin olvidar los cambios en el acceso a ambas Carreras que quiere Bolaños, rechazan "cualquier reforma relativa a los servidores públicos que sea contraria al desempeño de sus funciones, con el mayor rigor profesional y a las garantías de respeto al Estado de Derecho", como estiman que es el caso de lo que se plantea.
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