El desafío soberanista volverá a acaparar el año judicial

Si 2019 fue el año del juicio del “procés”, en la actualidad judicial de 2020 también estarán muy presentes, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, las consecuencias procesales del desafío soberanista en Cataluña. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras obligará al Tribunal Supremo (TS) a pronunciarse en los primeros días sobre el alcance de ese fallo para el líder de ERC, algo que también tendrá que precisar el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del “procés”, respecto a los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín.

Precisamente en Bélgica, adonde huyó hace más de dos años el ex presidente de la Generalitat, un juez de primera instancia de Bruselas deberá decidir sobre la entrega de Puigdemont a la Justicia española. La vista está fijada para el próximo 3 de febrero pero ese mismo día, e incluso antes, el magistrado podría dejar en suspenso su resolución a la espera de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre la suspensión de la inmunidad del líder independentista, que previsiblemente instará en los próximos días el juez Llarena.

Juicio a la ex cúpula de los Mossos

Ya en nuestro país, el nuevo año en los tribunales arrancará el próximo día 20 en la Audiencia Nacional con el juicio a la ex cúpula de los Mossos, con el mayor Josep Lluís Trapero en el banquillo de los acusados, que se prevé concluya el 19 de marzo. La Fiscalía, por ahora, mantiene la acusación de rebelión, pero tras la sentencia del “procés” inevitablemente deberá reducirla a sedición. A Trapero, para quien el Ministerio Público pide una condena de once años de prisión como “pieza clave” en el plan independentista, se le acusa de facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1-O y de mirar para otro lado durante el asedio a la Conselleria de Economía durante los registros judiciales del 20-S de 2017. Junto al mayor de los Mossos serán también juzgados por el tribunal, que presidirá la magistrada Concepción Espejel, el ex director de la Policía catalana Pere Soler, el ex número dos del departamento de Interior César Puig y la intendente Teresa Laplana.

La inhabilitación de Torra, en el aire

Y en los primeros días de este 2020 se resolverá también la incertidumbre sobre los efectos de la condena de año y medio de inhabilitación al sucesor de Puigdemont, Quim Torra, por negarse a retirar los lazos amarillos de la sede de la Generalitat en plena campaña electoral. La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha rechazado la pretensión de PP y Ciudadanos de que se le retire el escaño, lo que según el Estatut acarrearía la pérdida inmediata de su condición de president. Pero la última palabra la tendrá la Junta Electoral Central, que se reúne mañana mismo y deberá dirimir si accede a esa petición en aplicación del artículo 6,2 de la Loreg.

La sentencia del “procés” seguirá ocupando además al tribunal enjuiciador, presidido por el magistrado Manuel Marchena, que se espera este mismo mes de enero resuelva los incidentes de nulidad contra el fallo presentados por varios acusados. Esa resolución abrirá también a las defensas de los condenados la vía de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que no se espera que este mismo año pueda resolver sobre las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales que denunciarán las defensas de los líderes soberanistas.

Investigación de los CDR

En la Audiencia Nacional, además del juicio a Trapero, seguirán instruyéndose las causas contra siete integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) -cinco de ellos ya en libertad bajo fianza-, una investigación por terrorismo sobre la que la Sala de lo Penal ya ha arrojado algunas sombras de dudas.

La otra gran causa con el “procés” en el punto de mira, la que investiga el referéndum ilegal del 1-O, continuará adelante en el Juzgado número 13 de Barcelona con uno de los negociadores comisionados por ERC para las conversaciones con el PSOE, Josep María Jové, entre los imputados.

Dejando a un lado las causas vinculadas con el proceso soberanista, un día después de que comience el juicio a Trapero empezará a celebrarse en los juzgados de Málaga la vista oral por la muerte de Julen, el niño de dos años que falleció hace un año al caer a un pozo en Totalán, un trágico suceso que puso en marcha una angustiosa operación de rescate que concluyó con el hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño. El dueño de la finca se sienta en el banquillo acusado de homicidio imprudente.

“Caso Ausbanc”

Tras dos suspensiones, el inicio del juicio del “caso Ausbanc” está fijado para el próximo día 27. El ex presidente de Ausbanc, Luis Pineda, para quien la Fiscalía pide 118 años de cárcel por encabezar supuestamente una campaña de extorsión a entidades bancarias y empresas, incluidos los abogados de la Infanta Cristina, y para la que se habría servido del sindicato Manos Limpias. Su secretario general, Miguel Bernad, y la que fuera abogada del colectivo en el juicio del “caso Nóos”, Virginia López Negrete, figuran también entre los once acusados y se enfrentan, respectivamente, a 24 y once años de prisión, respectivamente.

“Caja B” del PP

Entre los juicios pendientes, y todavía sin fecha señalada, sobresale el que se celebrará en la Audiencia Nacional por la “caja B” del PP, del que recientemente fue apartado el magistrado José Ricardo de Prada por haberse pronunciado sobre esa supuesta contabilidad opaca de los populares en la sentencia del “caso Gürtel” que precipitó la moción de censura contra Rajoy. Además, entre otros, del ex tesorero Luis Bárcenas y ex responsables de la empresa Unifica, encargada de la reforma de la sede de Génova que se habría pagado con dinero negro, en el juicio de “los papeles de Bárcenas” el PP está acusado como responsable civil subsidiario.

La “cara B” del juicio del “procés” -contra cinco ex miembros de la Mesa del Parlament y la ex diputada de la CUP Mireia Boya acusados de desobediencia- tendrá que celebrarse en el TSJ de Cataluña en los próximas semanas, una vez se dilucide si el aforamiento ante el Supremo de uno de los procesados, Joan Josep Nuet, tras ser elegido diputado (ERC) acarrea o no que la causa se traslade de nuevo al Alto Tribunal.

Sentencia por la salida a bolsa de Bankia

Una de las sentencias más esperadas será la que dicte la Audiencia Nacional en relación a las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia, por las que la Fiscalía pide para el ex presidente de la entidad Rodrigo Rato (actualmente en prisión tras ser condenado en el caso de las tarjetas black) una condena de ocho años y medio de cárcel. Otras 14 personas se sentaron en el banquillo, entre ellas el ex ministro Ángel Acebes.

El Tribunal Supremo será asimismo protagonista cuando resuelva los recursos de casación sobre asuntos de indudable relevancia mediática como el caso de los ERE, en el que fueron condenados los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán (seis años de cárcel) y Manuel Chaves (nueve de inhabilitación) por el fraude en la concesión de ayudas públicas a empresas en crisis, y la reciente condena a 38 años de cárcel a tres ex jugadores por un delito de agresión sexual a una menor de 15 años.

El interminable “caso Villarejo”

En el Alto Tribunal también habrá que estar pendiente de la investigación a la diputada de JxCat Laura Borràs por la supuesta adjudicación de contratos a dedos por valor de 259.863 euros a un amigo cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) de la Generalitat

El “caso Villarejo” y sus innumerables tentáculos, los “casos Púnica” y “Lezo”, la causa del 3%, en la que se investiga la presunta financiación irregular de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), y la que continúa abierta contra el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia continuarán adelante en la Audiencia Nacional durante estos próximos doce meses. Un 2020 en el que los partidos políticos deberán también sentarse a negociar la renovación del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace más de un año, y de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC), incluido su presidente, Juan José González Rivas.