El Gobierno no descarta un 155 en Murcia por el “pin parental”

La semana pasada el Gobierno advirtió que responderá “con contundencia” ante el pin parental o cualquier situación que, a su modo de ver, vulnere los derechos de los menores. Anunció de hecho la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero que recurrirá por la vía administrativa o judicial las medidas que en este sentido tomen PP, Vox y Ciudadanos en Murcia.

Hoy, el Gobierno va un paso adelante en este sentido y la nueva delegada para la violencia de género, Victoria Rosell, ha asegurado en declaraciones a la Cadena Ser que existen “cauces jurídicos” que pueden ser “no necesariamente judiciales sino administrativos” para reclamar a la comunidad autónoma que cumpla una obligación. En estos cauces administrativos, la jueza ha incluido la aplicación del artículo 155 de la Constitución para reclamar al Gobierno de Murcia que frene la implantación del pin parental en actividades escolares, que implica la autorización previa expresa de las familias para que sus hijos participen en este tipo de talleres.

“Hay unos cauces jurídicos que pueden ser no necesariamente judiciales sino incluso administrativos de requerimiento para que cumpla la obligación, imagínense incluso de un 155 en Murcia porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables, no? Seria digamos el camino más similar al de Cataluña, la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico”, ha planteado.

Rosell ha sugerido esta mañana la puesta en marcha del 155 que implica requerir al presidente de la comunidad autónoma para que suspenda la aplicación del pin parental. Si el gobierno autonómico se negase a ello, se sometería al Senado una propuesta de intervención de la medida para que ésta competencia o todas pasaran a estar gestionadas por el Ejecutivo central.

Horas después, la delegada para la violencia de Género ha matizado sus palabras y ha publicado un tuit en el que asegura que la propuesta de aplicación del 155 en Murcia era una “ironía”.

Desde el Gobierno, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para “restaurar la legalidad” y retirar el “veto parental” antes de que el Ejecutivo central recurra esta medida en los tribunales de Justicia. En una rueda de prensa en la localidad alavesa de Llodio para presentar el saneamiento del Alto Nervión, la ministra se ha referido a la decisión del Gobierno de Murcia -a propuesta de Vox- de permitir a los progenitores no autorizar la asistencia de sus hijos a charlas y talleres complementarios, que son evaluables y obligatorios, el llamado “pin parental”, informa Efe. La ministra ha recordado además que fue la última reforma educativa, la llamada “ley Wert”, impulsada por el entonces Gobierno del PP, la que limitó la capacidad de decisión de los padres en los consejos escolares, y ha reprochado al presidente del PP, Pablo Casado, su “desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo” en España.