José Luis Ábalos
Ábalos desautorizó al policía que impidió a Delcy Rodríguez bajar del avión en el aeropuerto de Barajas
El agente de la Policía Nacional advirtió a la “número dos” de Maduro que no “podía pisar territorio español” antes de que el ministro interviniera
El culebrón del «caso Ábalos» sigue coleando. Cuando el avión en el que viajaba la «número dos» de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aterrizó el pasado día 19 en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía accedió a la aeronave privada para comunicarle que «no podía pisar territorio español», según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.
El mismo agente señaló a sus acompañantes, entre los que se encontraba el ministro de Turismo de la república bolivariana, que sí podían acceder, tras pasar los preceptivos controles de pasaporte. Ante esta comunicación, que suponía que Delcy Rodríguez no podía abandonar la aeronave, todos optaron por permanecer en la misma.
La situación se mantuvo hasta que, pasado un cierto tiempo, llegó al aeropuerto el ministro José Luis Ábalos, que subió inmediatamente al avión, donde estuvo hablando con la vicepresidenta venezolana, según reveló el propio miembro del Ejecutivo, y comunicarle (en este caso, ratificarle), que no podía entrar en territorio español.
El titular de Transportes reconoció, en una entrevista en este diario, que el ministro del Interior le había pedido que le dejara clara su situación a Rodríguez.
Sin embargo, según las citadas fuentes, todos descendieron del avión y se dirigieron a la sala VIP, donde el ministro permaneció con la vicepresidenta y acompañantes durante una hora y media aproximadamente. Después, salió del aeropuerto y no regresó. En ningún momento hicieron acto de presencia en Barajas miembros de la embajada de Venezuela en España, y la vicepresidenta no recibió ninguna otra visita aparte de la Ábalos.
Distintas fuentes han comentado que al ministro le tocó «comerse el marrón» que se había presentado y que procuró capearlo de la mejor manera.
Durante las ocho horas que estuvieron en la sala VIP, consumieron productos de las máquinas automáticas que hay en esa zona y no se les sirvió ningún tipo de comida especial o catering.
De las seis personas que integraban el grupo de Delcy Rodríguez, sólo se quedó en España el ministro de Turismo. La vicepresidenta y los otros cuatro fueron llevados, en una furgoneta de las que se utilizan para pasajeros que llegan en vuelos privados, hasta el avión en el que abandonaron Madrid con destino a Doha.
Las citadas fuentes han señalado que el hecho de que no se sellara el pasaporte a la vicepresidenta se debió a que hubiera supuesto un reconocimiento de su entrada en España y, por lo tanto, una vulneración de las sanciones que pesan contra ella por supuestos delitos de lesa humanidad. Asimismo, subrayaron la profesionalidad con la que en todo momento actuaron los funcionarios policiales, desde el mismo momento del aterrizaje del avión y la comunicación de que no podía descender del aparato porque tenía prohibida su entrada a zona Schengen, hasta que la vicepresidenta y acompañantes abandonaron España.
Las fuentes consultadas consideran que Delcy Rodríguez tuvo un trato de favor durante el incidente que ella misma generó. De no haber sido quien era y contar con el apoyo del Gobierno español, habría terminado en la zona de rechazo habilitada en parte internacional del aeropuerto, desde la que, cada día, son devueltas decenas de personas.
De haber sido posible, se la hubiera embarcado en el mismo avión en la que llegó para volver al punto de procedencia. O en el primer vuelo comercial que se dirigiera a Venezuela.
Pero se produjo ese trato de privilegio. Todo parece indicar que se buscó una solución, en la que al ministro Ábalos le toco dar la cara, para, sin vulnerar en principio la legalidad (la decisión final la tiene la Justicia, que deberá resolver ante las denuncias presentadas) solucionar el incidente planteado.
Se estima, asimismo, que, técnicamente, los policías no incumplieron la ley. Aplicaron la norma con flexibilidad ante la petición del Gobierno.
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