Las ONGs deben disculparse ante la Guardia Civil de Ceuta y Melilla

“¿Qué nueva campaña de difamación van a dirigir las ONGs de turno contra los guardias civiles de Ceuta y Melilla? ¿Qué otras organizaciones van a prestarse esta vez para bailarle el agua a quienes no hacen otra cosa que utilizar las subvenciones públicas para arremeter contra los Guardias Civiles?. La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha hecho pública una nota tras conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la cual España no viola ninguna Convención al rechazar a Marruecos a los inmigrantes que intentan cruzar violentamente las vallas de Ceuta y de Melilla.

“Exigimos-- agrega-- que se disculpen públicamente todos aquellos que han puesto en duda sistemáticamente la legalidad de nuestras actuaciones en frontera; aquellos que se han servido de fondos públicos para tales fines organizando ruedas de prensa, conferencias e informes forenses amañados, deben devolver el dinero malgastado; y a aquellos medios de comunicación que informan sin ningún rigor, dando por hecho que nuestras actuaciones en frontera son ilegales les exigimos una rectificación inmediata”.

Recuerdan que “todas y cada una de las causas judiciales seguidas contra los compañeros de Ceuta, Melilla y GRS, han sido archivadas sistemáticamente (…) las ONGs nos han denunciado nada más y nada menos que por prevaricación, lesiones, trato degradante, homicidio (…) algunos continúan manoseando el buen nombre de la Guardia Civil, haciendo una asquerosa utilización del problema de la inmigración según les conviene”.

Subrayan que “la utilización de la inmigración ilegal perjudica los intereses profesionales de los guardias civiles y solo podrá evitarse si, como venimos pidiendo desde hace años, las fuerzas políticas firman un Pacto de Estado de Inmigración en torno al Acuerdo de Readmisión de 1992 firmado con Marruecos, que permita que los inmigrantes sean identificados, asistidos sanitariamente, atendidos por un abogado, estudiada la eventual petición de asilo y dado el caso puestos en frontera en el menor tiempo posible”.

Por su parte, la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) señala que “que esta nueva sentencia debe servir para que el Ministro del Interior dé las ordenes que considere oportunas para redactar un protocolo de actuación para evitar que se cuestionen las actuaciones de los guardias civiles y, por supuesto, garantizar la legitimidad de sus actuaciones”.