El PSOE «ofrece» al PP que designe nueve de los 20 vocales del CGPJ

El 4 de diciembre de 2018 vencía el mandato del Consejo General del Poder Judicial. Su presidente, Carlos Lesmes, ha instado hasta en tres ocasiones a los presidentes del Congreso y Senado para que se cumpla la obligación constitucional de renovar el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Distintas vicisitudes políticas, con dos elecciones generales desde entonces, han derivado en que esa «prórroga» lleve ya más de 14 meses, y, de momento, no parece que se avecine un acuerdo próximo entre los dos principales partidos, PSOE y PP, que desbloquee la situación haga posible la renovación.

El actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha realizado ya distintos llamamientos para desbloquear esta situación, pero el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado o la más que probable reforma del Código Penal que conllevaría una rebaja en la pena para los delitos de sedición, que afectaría de modo directo a los condenado por el «Procés», se han convertido en «líneas rojas» para el PP que dificultan en estos momentos el acuerdo.

Hasta ahora no ha habido negociaciones entre ambos partidos, pero según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes solventes, El PSOE estaría dispuesto a «ofrecer» que el PP mantuviese los nueve vocales que iba a tener en la renovación frustrada; aunque, en esta ocasión, la elección del presidente ya sería otro cantar y ahí los populares no tendrían ya tanta fuerza. Esta «oferta» ha sido deslizada por el PSOE a personas del espectro judicial con buenas relaciones con el PP, para que se las hiciera llegar de forma «oficiosa».

Está por ver si los populares la aceptan, porque, como señaló el Secretario de Justicia del PP, Enrique Lòpez, en la entrevista con este periódico, «no se puede desligar la renovación de los órganos constitucionales de los graves acontecimientos políticos» producidos con el actual Gobierno.

Poco antes de que venciera el mandato había un acuerdo por el que once de los vocales estarían avalados por el PSOE y nueve por el PP, partido que también propuso, y fue aceptado por los socialistas, a Manuel Marchena como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. El famoso whatsApp de Ignacio Cosidó dinamitó el acuerdo.