El año en el que se consumó el ocaso de Don Juan Carlos

El comunicado con el que la Casa del Rey anunciaba la decisión de Felipe VI de renunciar a la herencia que le pudiera corresponder de su padre y de retirarle su asignación con cargo a los presupuestos del Estado certificó el punto y final del ocaso del papel institucional de Don Juan Carlos que, desde el domingo, ha quedado a merced del juicio inapelable de los historiadores.

Aunque el fondo y la forma de la nota de Zarzuela es innegablemente rotundo, lo cierto es que se expresa tácitamente la aquiescencia de Don Juan Carlos con la decisión, algo que se deja ver en el hecho de que éste reconoce no haber informado a su hijo de nada que tuviera que ver con las dos fundaciones que han precipitado el cortafuegos con el que la Casa del Rey ha querido separarse de él para preservar la imagen de la Corona. Es pertinente recordar este extremo toda vez que no se produjo en 2015 con el «caso Nóos».

Dos discos duros intervenidos por la policía suiza a los abogados Alberto Fasana y Dante Canonica en agosto de 2018 han proporcionado al fiscal helvético Ives Bertossa datos suficientes para poner en marcha un cadena de acontecimientos que no acabarán con el comunicado de Zarzuela sino que, a todas luces, seguirán produciendo un goteo constante de titulares que relacionarán a Don Juan Carlos por el supuesto cobro de comisiones de la monarquía saudí en relación a la adjudicación de las obras del tren de alta velocidad Haramain entre Meca y Medina.

Sin embargo, la verdadera fuerza motriz de todo el proceso no son los desvelos de la justicia suiza por preservar la reputación del sector financiero nacional mostrando celo contra el blanqueo de dinero sino la despiadada estrategia de la firma de abogados global de moda, Kobre & Kim, cuyos servicios ha contratado Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Con sede en Londres, Nueva York y prácticamente medio mundo, sus socios conciben a esta firma no como un bufete al uso sino como una boutique de productos legales especializados y escalables que pueden ser comercializados y vendidos en diferentes partes del planeta con uniformidad.

Su seña de identidad es la agresividad y la voluntad de llegar a juicio. 150 millones de dólares de beneficios y un incremento en su facturación del 49% en el último año hablan a las claras del éxito de su receta. Y es que aunque la decisión de Felipe VI de retirar a su padre la asignación de casi 195.000 euros se ha producido días después de que la Fiscalía pidiera a Suiza información sobre la trasferencia de 65 millones de euros a la antigua amiga de Don Juan Carlos, lo cierto es que lo que hizo que se dispararan los acontecimientos fue la publicación en «The Daily Telegraph» del nombre de Felipe VI asociado a la Fundación Lucum y a la Fundación Zagatka, una filtración que lleva el sello de Kobre & Kim que no tiene ningún problema en presionar a la Institución para hacer valer los intereses de sus «usuarios», que no «clientes». «No esperes que tus usuarios te alaben por tener la cocina limpia», reconocía Michael Kim en una reciente entrevista a la revista de la American Bar Association.

Zarzuela recibió la comunicación de los abogados de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en marzo del año pasado y lo puso en conocimiento de Don Juan Carlos y de las autoridades negándose a designar un abogado para seguir con la negociación. El 27 de mayo de 2019, es decir, apenas dos meses después, se hacía pública la decisión de Don Juan Carlos de retirarse de la actividad institucional.

No fue en ese momento cuando se activó el cortafuegos de protección a la Corona ya que se retrasó la drástica decisión para el momento en el que las informaciones involucraran directamente a Felipe VI, algo que se produjo el domingo. La exigencia de transparencia y ejemplaridad a la que Don Felipe apela está por encima de todo, incluso por los lazos de afecto familiar. En plena línea ascendente de la epidemia generada por el coronavirus el impacto mediático de la decisión del Rey ha sido menor de lo esperado pero nadie se lleva a engaño en Zarzuela: se espera un lento goteo de titulares en prensa alimentado principalmente por las partes investigadas en España y Suiza sobre los 100 millones saudíes.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pidieron ayer a la Agencia Tributaria (AEAT) que ordene iniciar una investigación tributaria a Juan Carlos I por indicios en la comisión de presuntos delitos de fraude fiscal