El papel del Rey durante la crisis: Contacto «permanente y continuo»

Los canales de comunicación entre Zarzuela y Moncloa funcionan a pleno rendimiento durante la gestión de la crisis desatada por el coronavirus. Siguiendo la rutina establecida entre Felipe VI y Pedro Sánchez, los contactos y el flujo de información es continuados a pesar de que no se produzcan despachos en Zarzuela en una fecha fija de la semana como fue habitual en el pasado, por ejemplo, en la época de don Juan Carlos todos los presidentes hasta Mariano Rajoy. La práctica actual prefiere puestas al día más ágiles por vía telefónica o por mensaje pero la gravedad de la crisis del coronavirus ha obligado a organizar una reunión en Zarzuela mañana que presidirá el Rey y contará con la asistencia del presidente Sánchez y de los titulares de Sanidad, Defensa, Interior y Transporte.

Por lo demás, el papel de Don Felipe en la pandemia vírica que asola el país está siguiendo las líneas que rigen la actuación del Jefe de Estado en otras crisis y catástrofes naturales que ha tenido que sufrir España en los cinco años y medio que median desde su proclamación. La Constitución no adjudica al Rey ningún papel específico en la gestión de crisis, que corresponde en exclusiva al Ejecutivo.

La prioridad en todos estos casos es, por tanto, no interferir en la labor de los diversos organismos del Estado para paliar las consecuencias de la epidemia, conscientes de que la presencia del Rey puede causar más inconvenientes que beneficios cuando la crisis aun está en su etapa inicial y más peligrosa. Esta es la razón de que ni Don Felipe ni Doña Letizia se trasladen a las zonas más afectadas a diferencia de los líderes políticos, que sí suelen hacer acto de presencia en el escenario de la crisis, a veces antes de lo que sería razonable, para proyectar imagen de cercanía.

En este sentido cabe recordar polémicas surgidas en el pasado cuando se ha sospechado que las visitas a zonas afectadas por catástrofes naturales del presidente Sánchez o de otros miembros del Gobierno han podido desviar recursos o causar molestias y distracciones innecesarias a los trabajadores que estaban conteniendo la crisis. Este es un comportamiento en el que la Casa del Rey se cuida mucho de no incurrir debido a la citada filosofía de no mostrar su cercanía y apoyo a los damnificados hasta que pasa lo peor de la situación de peligro y ya no se realizan trabajos urgentes en la zona.

Así por ejemplo sucedió cuando Don Felipe y Doña Letizia visitaron los municipios de Orihuela (Alicante) y Los Alcázares (Murcia), dos de los lugares más afectados por las inundaciones causadas el año pasado por la gota fría. Si las lluvias torrenciales hicieron acto de presencia en la zona a mediados entre el 9 y el 14 de septiembre no fue hasta el 5 de octubre cuando los Reyes visitaron la zona. Lo mismo sucedió en Arganda (Madrid).

Sea como fuere el Gobierno sabe que puede contar con el Rey para dirigirse a la nación si la situación sufriera una peligrosa escalada ya que el artículo 56 de la Carta Magna concede al Monarca el papel de «arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones».

Este pasaje de la Constitución es considerado por los expertos una suerte de «artículo marco» que desgrana la definición y los rasgos caracterizadores de la Monarquía en España que viene a jugar un papel cercano al de una «magistratura suprema que represente con su personalidad la unidad abstracta del Estado», como reza la sinopsis que maneja el Congreso de nuestra norma fundamental.

El mismo documento recuerda la opinión de célebre catedrático de Derecho Político Vicente Santamaría de Paredes que fue profesor de Alfonso XIII, bisabuelo del actual Monarca, y que calificaba al Rey de «poder armónico o regulador y le atribuía las potestades de impulso de los poderes del Estado y la resolución de conflictos entre los mismos». Hasta el momento sólo se han dado dos momentos en la historia de nuestro país tras el final del franquismo en el que el Rey ha tenido que dirigirse a la nación en momentos de extrema urgencia y los dos momentos supusieron una especie de «bautismo de fuego» para ambos monarcas.

El primero fue el discurso televisado de Juan Carlos I cuando el Congreso de los Diputados estaba aun ocupado por los perpetradores del fallido intento de Golpe de Estado del 23-F y el segundo fue el 3 de octubre de 2017 ante la «deslealtad inadmisible» que la Generalitat demostró ante los poderes del Estado, es decir, dos días después del referéndum ilegal en Cataluña.

En ambos momentos justificaron la aparición del Rey porque las instituciones del Estado estaban al borde de su capacidad de resistencia y en los dos casos supusieron el punto de inicio de la resolución de la crisis, algo incierta por el momento en el caso de Cataluña. Aunque la crisis actual es de naturaleza sanitaria y no política, lo cierto es que el Estado cuenta aun con la baza de un símbolo como la Corona, capaz de aglutinar las voluntades del país ante situaciones límite.