Mordaza a la oposición: PSOE y Podemos escapan al control

El Congreso ha entrado en fase de hibernación. Así lo decidió la semana pasada la Mesa de la Cámara Baja. Quedan congelados los plazos reglamentarios de las iniciativas que hayan iniciado su tramitación como consecuencia de la suspensión de toda actividad parlamentaria. La mayoría del PSOE y Unidas Podemos en la Mesa, al contar con seis representantes sobre un total de nueve, fue suficiente para sacar adelante esta decisión, que contó con el rechazo frontal de los tres representantes del PP y Vox.

Únicamente se abrirá un paréntesis en esta congelación este miércoles, día 25 de marzo. Se celebrará una sesión plenaria, obligatoria para convalidar dos decretos leyes del Gobierno dentro del plazo constitucional previsto. Se trata de los decretos con medidas económicas y sociales para aliviar las consecuencias del coronavirus. Esa sesión plenaria, además, podrá servir para acoger el debate para autorizar o no la prórroga del estado de alarma, tal y como el Gobierno avanzó hace unos días.

Salvo esta excepción, el resto de trámites parlamentarios quedaron formalmente suspendidos. Argumentan los impulsores de esta medida que carecía de sentido que los plazos por los que circulan los trámites de las iniciativas legislativas sigan su curso en el momento actual. Con esta decisión, la Cámara Baja sigue el ejemplo del Senado, cuya Mesa adoptó una decisión similar la semana pasada y avaló que desde el 13 de marzo quedaran suspendidos todos esos plazos.

En la práctica, esta situación implica que todas las proposiciones de ley registradas y calificadas por la propia Mesa, y también las proposiciones no de ley o las mociones, no seguirán ningún plazo de tramitación con fecha de 19 de marzo. Ocurrirá lo mismo con las proposiciones ya admitidas a trámite. Un ejemplo de ello es la proposicón de ley para regular la eutanasia, registrada por el PSOE. Así las cosas, no se podrá enmendar esta iniciativa mientras dure esta suspensión, que deberá, a su vez, ser levantada por la propia Mesa de la cámara.

Durante estos días, tanto Partido Popular como Vox han hecho evidente su malestar ante esta decisión. La portavoz de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, acusó al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos de «politizar el dolor» causado por el coronovirus y de «anular el control parlamentario» aprovechando la crisis sanitaria. Según la portavoz del partido presidido por Pablo Casado, «el Congreso no se cierra». La mayoría PSOE-Podemos quiere, a su juicio, «anteponer su ideología a la amenaza» y «ocultar su responsabilidad en esta catástrofe».

Por su parte, Vox pidió ayer a la Mesa del Congreso que reconsidere esta decisión. «La oposición no puede ser silenciada cuando mayor debe ser el control al Gobierno», aseguraba ayer la diputada Macarena Olona. En el escrito de reconsideración que la formación de Santiago Abascal registró ayer, subrayan que la medida de hacer entrar en suspensión al Parlamento con el voto en contra de su grupo y del PP, vulnera la potestad constitucional de las Cortes de controlar la acción del Gobierno e interrumpe el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Supone en la práctica, añaden, «la práctica paralización de la actividad del Congreso y, muy en particular, de la función de control al Gobierno» en un «momento gravísimo». La intención de este partido pasa por acudir al Constitucional.