Gobierno, CSIF y UGT pactan una subida salarial del 11% para los funcionarios hasta 2028 con un alza del 2,5% en 2025 que se cobrará a partir de diciembre

El Gobierno y los sindicatos han alcanzado finalmente un acuerdo sobre la subida salarial de los 3,5 millones de funcionarios para el periodo 2025-2028. Tras días de intensas negociaciones, este miércoles CSIF y UGT -CC OO se pronunciará en las próximas horas- han pactado con el Ejecutivo que los salarios de los empleados públicos subirán un 11% en el periodo con un tope del 4% en los dos primeros años, pese al rechazo inicial de los sindicatos.

En 2025 la subida será del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para 2026, el incremento será del 1,5%, al que se sumará un 0,5%adicional en caso de que el IPC sea igual o superior al 1,5%, un extra que se pagaría el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. En ese año, las retribuciones aumentarán un 4,5%, mientras que en 2028 el alza será del 2%. El efecto arrastre, al revalorizarse los salarios sobre la revalorización anterior, permitirá alcanzar una subida de hasta el 11,4%.

En cuanto al alza de 2025, que pone fin a la congelación salarial, los empleados públicos la cobrarán a partir de diciembre para compensar los retrasos acumulados. Es muy probable que en la Administración General del Estado el pago llegue antes de acabar el año, pero en comunidades autónomas y ayuntamientos podría demorarse hasta 2026. El acuerdo se firmará este jueves con el ministro de Función Pública, Óscar López.

CSIF destaca que el acuerdo permitirá recuperar un 2,9% de poder adquisitivo. "Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN (gasto en defensa)", ha defendido el sindicato más representativo en las administraciones públicas.

"Los empleados públicos, después de meses de protestas lideradas por CSIF, se merecen empezar a recuperar poder adquisitivo y mejorar sus condiciones laborales, porque de lo contrario el Gobierno manifestó su intención de retirar la propuesta, prolongando la situación de precariedad de todos los trabajadores", añade en un comunicado.

“Este es un gran acuerdo. Un acuerdo no solo en el que ganan los empleados públicos, sino en el que gana la calidad de lo público, la ciudadanía, gana el país en general. [...] Una subida salarial que garantiza el poder adquisitivo porque se recupera en torno a 2,9%. A partir de ahí, un acuerdo en el que se acaba con la tasa de reposición de efectivos y en el que las ofertas públicas de empleo se van a ejecutar en un año. [...] Nos tenemos que felicitar por el acuerdo porque están representados todos los empleados públicos de nuestro país. Este acuerdo da certidumbre, da seguridad, no solo a los empleados públicos, sino a las administraciones y a las personas que atendemos día a día”, ha defendido Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos.

Inicialmente, el Ejecutivo planteó una subida del 10% para todo el periodo, pero UGT, CC OO y CSIF la rechazaron al considerarla insuficiente. Tras ese primer rechazo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública elevó la propuesta hasta un 11% en cuatro años, sin renunciar al límite del 4% para 2025 y 2026, que reservaría la mayor parte de la subida para la segunda mitad del ciclo. Y en la reunión del lunes ofreció que la subida fuese fija, sin variables, un punto que ha sufrido cambios.

En este sentido, además de las retribuciones, el acuerdo entre Función Pública, UGT y CSIF incluye importantes mejoras laborales. Entre ellas destaca desbloquear la jornada de 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado. A ello se suma la eliminación de la tasa de reposición, lo que permitirá reforzar plantillas y reducir la temporalidad en los servicios más necesitados. El Gobierno también se compromete a acortar los plazos de los procesos selectivos a un año, garantizar la promoción interna y la movilidad, y actualizar la clasificación de puestos de trabajo para adaptarla a las funciones reales de los empleados, considerando su experiencia y formación.

En 2026 se revisarán y elevarán los complementos de residencia e insularidad y las indemnizaciones por razón de servicio, eliminando desigualdades territoriales. Se reforzarán las plantillas de atención al público con ajustes retributivos, se actualizarán permisos y medidas de conciliación, y se impulsarán políticas de igualdad, prevención del acoso y lucha contra la violencia de género. También se mejorará la salud laboral mediante apoyo psicológico y protección frente a agresiones, se revisarán las retribuciones del Personal Laboral del Exterior y se estudiarán mejoras en jubilación.

El Gobierno se compromete además a mejorar la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas), en respuesta a demandas históricas de los empleados públicos. Para garantizar la ejecución del acuerdo, se constituirá una Comisión de Seguimiento en un plazo máximo de 15 días desde la firma, que supervisará el cumplimiento de todas las medidas. CSIF ha destacado que el pacto “no es un cheque en blanco” y que vigilará su aplicación en tiempo y forma.

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.