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Coronavirus

La distorsión en la cifra oficial de muertos desata la alarma

El protocolo solo incluye los positivos. Este mecanismo deja fuera de la estadística a las muertes en residencias o en casas. Las licencias de enterramiento en Castilla la Mancha destapó el caso

Los distintos métodos de contar los fallecidos están provocando contrastes entre los países que están combatiendo la pandemia del coronavirus y también entre las propias comunidades del territorio nacional. En el caso de España, el Ministerio de Sanidad transmitió a todas las comunidades autónomas instrucciones comunes para disponer diariamente de los datos por territorios para dibujar un radiografía general de las víctimas del virus.

En concreto, las autoridades sanitarias decidieron contar como fallecidos con coronavirus únicamente a aquellas personas de las que se tenía constancia del contagio por Covid-19 tras efectuarles el test y dar positivo. Este mecanismo deja fuera del conteo oficial de decesos, por ejemplo, a las muertes en los domicilios durante el confinamiento o a todas aquellas que se están produciendo en las residencias de mayores. Por lo que este método hace pensar que las cifras oficiales muestran un número de fallecidos que no se corresponden con la realidad.

Según la información enviada desde el departamento que dirige Salvador Illa, el Ministerio solicita, entre otros aspectos, los casos detectados desde el 31 de enero, el total de casos confirmados dentro del personal sanitario o el montante de pacientes que están requiriendo asistencia en Unidad de Cuidados Intensivos. Ni rastro de muertes en centros de mayores o en las casas particulares

Esta estadística, por lo tanto, tal como denunció este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, puede provocar una distorsión de la realidad. El tribunal autonómico informó de que en esta comunidad se habían expedido durante el mes de marzo un total de 1.921 licencias de enterramiento por los registros civiles relacionadas con el Covid-19. Sin embargo, los datos oficiales, situaban en 965 el total de los fallecidos.

Es decir, oficialmente solo en el 57,9% de las muertes se recoge como causa del fallecimiento por Covid-19. En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de la región subrayó que la mera comparativa entre los fallecidos este año y los del año anterior indican que «muy posiblemente» los casos sospechosos son también fallecimientos por coronavirus, ya que existe «una clara desproporción» entre ambas cifras. Esta discrepancia que constató este órgano se repite en los últimos días en muchas páginas de información local de provincias de todo el territorio, al tiempo que desata una lógica preocupación entre los ciudadanos ante el dibujo de una realidad distorsionada.

De hecho son ya varios representantes autonómicos los que critican este criterio del Ministerio de Sanidad. El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, afirmó hace una semana –cuando ya estaba en marcha las directrices– que existe «una orden» de «ocultar el número real» de fallecidos por coronavirus en la región extremeña, lo que a su juicio supone una «estrategia». «Mueren muchas más personas por coronavirus de las que se dice», aseveró con rotundidad.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró el viernes pasado que Galicia utiliza un método «riguroso», más que en otras comunidades donde»no se computan las personas que mueren en residencias y solo se computan las personas que mueren en la hospitalización, nos dicen». «Nosotros estamos computando todo», concluyó el mandatario autonómico.

En la misma línea, el PP exigió ayer al Gobierno, mediante una Proposición no de ley, que audite la cifra de fallecidos por coronavirus en España, con datos por provincias semanales, desglosados por rango de edad, desde el pasado 1 de marzo. «Tener datos fiables es un requisito de calidad democrática», sostienen los populares en su iniciativa.

Cada día el Ejecutivo publica los datos que la noche anterior le facilitaron las comunidades. No obstante, la escasez de test rápidos altera la gestión para confirmar casos de coronavirus que no necesitaron ingreso o los fallecimientos cuando no se producen en hospitales. Esta situación afecta a las cifras oficiales que se aportan ya que no todos los pacientes con síntomas compatibles pasarán a contabilizarse como casos de Covid-19. Una distorsión que nos impide conocer con exactitud lo que está pasando.