PSOE-PP: La única mayoría sensata

Los resultados de las elecciones generales del 10-N de 2029 solo ofrecían una coalición viable y sostenible a largo plazo, y que afrontase con garantía de estabilidad parlamentaria los cuatro años de legislatura. No era ninguna fórmula nueva, era adaptar a España el modelo de coalición que se han adoptado en otros países, como Alemania o en el mismo gobierno de la Unión Europea, la Comisión, integrada mayoritariamente por comisarios populares y socialistas.

Tanto en Alemania como en la Comisión Europea esta es la fórmula que se mantiene en la formación de los sucesivos gobiernos. Una gran coalición de PSOE y PP hubiese sumado mayorías absolutas en el Congreso y en el Senado. O Incluso un gobierno en solitario de Sánchez con una hoja de ruta cerrada y pactada con el PP en la oposición y como soporte parlamentario a la debilidad en escaños de los socialistas.

Las urnas hablaron el 10-N y expresaron que debía haber un gobierno de coalición o de acuerdo entre PSOE y PP, ambos obtuvieron 209 de los 350 diputados del Congreso y 210 de los 265 senadores. La oposición al bipartidismo se limita a 53 senadores y 141 diputados.

Pero lo que hemos oído hasta la saciedad era que las urnas hablaron y que era necesario un gobierno de izquierdas. Esta mentira repetida continuamente se convirtió en un dogma. El Gobierno de coalición PSOE-UP no tiene mayoría, suma 158 de los 350 diputados, tiene enfrente a otros 192 diputados. Mientras que en el Senado reúnen a 119 parlamentarios, de los 265 que lo conforman. Con el 45,1% de los diputados y el 43,7% de los senadores pretende gobernar con estabilidad hasta 2023. Pero unilateralmente el PSOE solo contempló una coalición posible, pero insuficiente, con UP, a completar con el apoyo parlamentario del independentismo.

El apoyo parlamentario del PP al PSOE, tras alcanzar un gran acuerdo nacional, haría que Sánchez ya no necesitase a sus actuales socios, por lo que un gobierno monocolor del PSOE con apoyo parlamentario del PP podría afrontar un ambicioso programa de reformas, incluso la constitucional. La mayoría de los españoles aprueba que se alcance un gran acuerdo nacional. El 74,7% aboga por ello, según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN del pasado 13 de abril.

Pero el pobre resultado electoral del partido en el gobierno en las elecciones generales de noviembre de 2019 obligó a una rápida maniobra táctica para acallar el descontento interno. Lo que se descartó públicamente a lo largo de la campaña, que no habría coalición con los comunistas y no habría negociación con independentistas, en la misma noche electoral del 10 al 11 de noviembre se asumió como único modo de garantizar la investidura, sin importar el precio que tanto el PSOE, como el país en general, iban a pagar.

Cualquier decisión táctica o estratégica que se toma en la Moncloa tiene dos requisitos que cumplir; que no enoje a las bases del PSOE y que sirva para prolongar la estancia en la Moncloa. Las bases son ahora todopoderosas, imprescindibles para la reelección. Si no se consigue ser Secretario General del PSOE difícilmente se puede optar a ser el candidato socialista a la presidencia del gobierno.

El PSOE modificó sus estatutos para que el Secretario General fuese elegido por las bases. Desde la llegada de Sánchez a la cúpula del PSOE la militancia ha ido ganando poder, especialmente tras su destitución a manos del Comité Federal en octubre de 2016. La política de tensión, de demonización, cuando no de criminalización del PP, tiene sus frutos al mantener crispada permanentemente a la militancia socialista y así Sánchez sentir el calor cercano de ésta, lo que le garantiza la continuidad.

Sánchez retomó nuevamente el control del partido tras ganar en mayo de 2017 unas primarias aunque por la mínima, con el 50,2% de los votos de las bases. No le fue difícil imponerse a sus adversarios internos, su «no es no» a Rajoy para impedir la investidura en 2016 conectó con buena parte de las bases del PSOE, las caracterizadas por su animadversión por los populares.

Mientras que la otra mitad de las bases socialistas demostraron más generosidad y responsabilidad entendiendo como sus diputados se abstenían para que saliese adelante la investidura de Rajoy en octubre de 2016 y dotar a España de gobierno y presupuestos. Ese es el PSOE partido de Estado.

El actual gobierno central de coalición entrará este segundo trimestre en una fase de tensiones insostenibles y acabará colapsando. Dependiendo de la magnitud de la caída en la actividad económica, esta coalición tiene sus días contados. La bajada de la recaudación fiscal y el pago de pensiones, de intereses y amortización de la deuda y las nóminas públicas así como el incremento de las demandas de asistencia social; prestaciones por desempleo y subsidios y el apoyo directo, y no a través de avales, a las empresas, micros, PYMES o grandes, y también a los autónomos, requerirá de cuantiosos recursos de efectivo líquido que solo un gran acuerdo nacional de partidos o en el peor de los casos, un rescate de la UE puede ofrecernos.

Pero haya acuerdo nacional o rescate lo que está claro es que el Presidente Sánchez tendrá un gran desgaste electoral al tener que renunciar a sus socios de la izquierda que se traducirá en una ruptura de la luna de miel existente entre Sánchez y las bases del PSOE, que se remonta a 2016.