Vox se querella por prevaricación, malversación y fraude contra los responsables de las compras sanitarias

Vox ha presentado ante el Juzgado de Instrucción de Madrid la querella que anunció ayer su vicesecretario de acción polícia. Se trata de una denuncia contra Alfonso María Jiménez, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA);Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF) por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude.

En la querella presentada, Vox indica que, a raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del coronavirus, se han celebrado una serie de contratos “de la forma más irregular”, y considera que no se justifica la contratación deficiente e irregular, con un sobrecoste muy elevado al de mercado, con empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector. Además, apuntan a que se hizo sin la publicidad oportuna.

La formación que lidera Santiago Abascal explica que, bajo los motivos de urgencia, la regulación aplicable “rebaja las exigencias de la contratación en régimen ordinario, pero no las elimina, ni mucho menos permite que se puedan realizar contratos de forma arbitraria” o sin seguir las normas mínimas que imponen criterios de seguridad en la contratación pudiendo incurrir en los ilícitos penales.

En concreto, destaca, como ha publicado LA RAZÓN que el INGESA, ha realizado 56 contratos, muchos de ellos con adjudicatarios en los que no consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización. En total, entre el 13 de marzo y el 30 de abril se han realizado compras sanitarias por un valor que supera los 310 millones de euros. Además, en su escrito, Vox resalta que sondoce los contratos realizados a empresas que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de las características de los analizados.

Por ello, Vox solicita al Juzgado de Instrucción que proceda al interrogatorio de los querellados y que se identifique a las personas que han intervenido en estos procesos, a través de la solicitud de todos los contratos firmados referentes a las doce contrataciones; albaranes, facturas y documentación de carga de cada adjudicación; justificantes de los pagos; documentos de AENA que acrediten el registro de vuelos, registro de carga y mercancía, plan de vuelo de los expresados en la adjudicación COVID20 y COVID26; y que se aporten los documentos aduaneros de la carga.