Caso Villarejo

La Fiscalía pide procesar a 14 personas por extorsión y revelación de secretos en el “caso Villarejo”

Insta al juez a cerrar la investigación por un supuesto chantaje del ex comisario por encargo del marido y el cuñado de Ana Rosa Quintana

El excomisario José Manuel Villarejo
El excomisario José Manuel Villarejolarazon

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Manuel García Castellón, que instruye el "caso Villarejo", que procese a 14 personas y cierre la investigación de una de las más de veinte piezas del procedimiento, la correspondiente al "proyecto Pintor", en la que investiga el supuesto encargo que hicieron al comisario jubilado José Villarejo los empresarios sevillanos Juan y Fernando Muñoz Tamara, marido y cuñado de la periodista Ana Rosa Quintana, para chantajear a un antiguo colaborador, Mateo Martín Navarro, subcontratista de la constructora de los hermanos, en el marco de una investigación judicial contra ellos por una presunta trama de facturas falsas.

Anticorrupción precisa que, una vez acceda el magistrado a continuar el procedimiento por el trámite del procedimiento abreviado, formulará acusación por estos hechos contra catorce investigados por delitos de extorsión y descubrimiento y revelación de secretos.

El Ministerio Público recalca que haber desglosado esta causa "de extraordinaria complejidad" en numerosas piezas separadas permitirá "el pronto enjuiciamiento" de los supuestos integrantes de lo que considera una organización criminal liderada por Villarejo. Anticorrupción ya instó al juez la adopción de idéntica medida respecto a otras dos piezas del "caso Tándem", las conocidas como "Iron" y "Land".

En el marco de esta pieza, la vigilancia de Martín Navarro y de su abogado, el ex juez Francisco Javier de Urquía, por parte de la “trama Villarejo” incluyó en 2017 la colocación de una cámara oculta en los baños de un pub de Marbellla y de un dispositivo de localización GPS en los bajos de un vehículo.

Asuntos Internos detalló en un informe incorporado a la causa cómo los cuatro detectives contratados por el ex comisario jubilado, a 20 euros la hora, espiaron a ambos con el supuesto objetivo de extorsionarlos, para lo que se sirvieron de un policía que prestaba sus servicios en Granada y que estaba de baja por enfermedad y accedieron a “bases de datos policiales de carácter restringido” el antiguo colaborador de los hermanos Muñoz Tamara.