Política
El PP condiciona su «sí» al decreto de la nueva normalidad a prorrogar los ERTE a diciembre
Abstención o apoyo. Evitará el «no» de ERC, pero no apoyará el decreto pactado con Ciudadanos si no se extienden los ERTES a diciembre y se tramita como proyecto de ley
Las negociaciones siguen moviéndose entre el Gobierno y el principal partido de la oposición sobre cuestiones puntuales, como la votación esta semana en el Congreso del decreto de la nueva normalidad, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de junio. ERC anunció ayer el «no, mientras Ciudadanos se colgaba la medalla de ser responsable de que los independentistas no hayan conseguido «los privilegios» que pedían. «Ciudadanos se ha convertido en el grupo parlamentario más importante», subrayó ayer el portavoz de la formación naranja, Edmundo Bal.
Para el PP es muy incómodo coincidir con ERC en la votación, pero, aunque tenga que ajustarse a los cambios que ha introducido la nueva de estrategia de Inés Arrimadas, no puede tampoco someterse al aparente clima «pactista» sin poner en valor el precio de sus escaños.
Génova mantenía ayer oficialmente bajo secreto sumarial la posición de la dirección nacional del partido. Que, en principio, tienen previsto que comunique hoy su líder, Pablo Casado. Ahora bien, las negociaciones apuntan a que el PP se debate entre la abstención o el «sí», y que su posición final dependerá, sobre todo, de que puedan vender a la opinión pública la idea de que han forzado que los ERTES se prolonguen hasta final de año. La cúpula popular dice que el decreto de nueva normalidad es «muy flojo» porque se limita a regular «cuestiones básicas», como el uso de mascarillas, la distancia de 1,5 metros o lavarse las manos. Piden que, como ocurrió con el Ingreso Mínimo Vital, se tramite como proyecto de ley para aprovechar la fase parlamentaria para introducir enmiendas. Y, ante todo, la clave está en las exigencias mayores, como que los ERTE se prolonguen hasta el final del año.
Esta semana debe cerrarse, aunque sea in extremis, un acuerdo para la extensión de los ERTE más allá del próximo 30 de junio. Patronal y sindicatos quieren llevar la medida incluso hasta finales de año en algunos sectores. De momento, sin embargo, el Gobierno no puede garantizar el pago de estas prestaciones más allá del mes de septiembre. Y las empresas no pueden aventurarse a recuperar trabajadores sin tener claro cómo irá la reactivación del consumo.
La extensión de los ERTE, almenos hasta septiembre, daría una balón de oxígeno a empresarios y trabajadores, pero seguirá sin dejar clara la radiografía verdadera de la crisis del Covid-19 en términos de destrucción de empleo. Esta primera semana, con las oficinas del SEPE abiertas al público, han sido numerosas las reclamaciones por falta de cobro de las prestaciones.
Además, este viernes el Gobierno se ha comprometido a abonar el primer pago del Íngreso Mínimo Vital, aunque también sigue sin alcanzarse un acuerdo con los ayuntamientos tanto para su tramitación como para el pago de la renta básica. El PP sabe que la «nueva normalidad» se medirá en el terreno económico, haya o no haya rebrotes de la pandemia, y es ahí donde apretará al Gobierno en todas las negociaciones abiertas, también en la del citado decreto que las Cortes tienen que validar esta semana. La gestión sanitaria ha hecho agua por muchos flancos, por muy diversos factores, con distintos niveles de responsabilidad, y por decisiones presentes y pasadas. Pero la economía sí es el unico examen que compete a Pedro Sánchez.
Esta semana está también marcada por la comparecencia en el Congreso del Gobernador del Banco de España en la comisión de la reconstrucción. En su último informe, la entidad emisora advertía de un hundimiento de la economía del 34 por ciento al inicio del confinamiento, 13 puntos por encima de la Eurozona.
A esto hay que unirle la falta de acuerdo en el último Consejo Europeo y el retraso en la aprobación del Fondo de Reconstruccion Europeo. Esto deja margen para la amenaza de episodios de tensión sobre la deuda soberana de los países más castigados, como España e Italia, a pesar de los esfuerzos del BCE. Las dudas sobre el turismo tampoco las ha despejado el plan de impulso de 4.262 millones. El sector lo ha valorado como más promocional que de rescate.
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