Sociedad

Así será nuestra vida en la “nueva normalidad”: mascarillas y distancia de seguridad “sine díe”

El real decreto que se aprueba el martes regulará cómo volveremos al trabajo, la forma en qué viajaremos o las sanciones por saltarnos las normas

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha declarado hoy que “la intención que tiene el Ministerio de Sanidad es que el uso obligatorio de las mascarillas se mantenga tal y como está ahora, por lo menos hasta ver si hay nuevas oleadas” de la epidemia en otoño.

Simón se ha pronunciado así en la rueda de prensa diaria sobre las medidas sanitarias que se van a incluir en un real decreto ley, que previsiblemente se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, para actuar frente al COVID-19 tras el levantamiento del estado de alarma.

Este real decreto regulará cómo se desarrollará la nueva normalidad después de que el país finalice la fase 3 y deje de aplicarse también el estado de alarma. Así, se detalla el levantamiento de las actuales medidas de contención gradualmente, de forma asimétrica en función de la situación sanitaria de cada territorio y coordinadamente con las comunidades autónomas.

Parece claro que se mantendrán buena parte de las restricciones actuales que contempla el estado de alarma, pero sin su amparo legal, por lo que el real decreto fijará las sanciones al incumplimiento de las normas, como, por ejemplo, las multas por no llevar la mascarilla, que podrían ser de hasta 100 euros. Sin embargo, en este caso tendrán que ser las comunidades autónomas las que controlen su cumplimiento.

Sí parece claro que las mascarillas continuarán en nuestra vida y la distancia de seguridad también, que tendrá que ser de entre 1,5 y 2 metros siempre, incluido en los puestos de trabajo. "Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo”, fijará el real decreto.

El Gobierno se asegura así tutelar la «nueva normalidad» pues las restricciones que fije el real decreto serán de aplicación “en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria”.

“Veremos cómo queda la versión final, que no depende solo de un ministerio, sino de muchos”, ha detallado Simón, al explicar que como la norma tendrá validez cuando haya terminado el estado de alarma, se tiene que consensuar con muchos organismos e instituciones.

Uno de los sectores que se seguirá viendo regulado es el del transporte de viajeros, ya que el Gobierno se encargará de regular el número de plazas y el porcentaje de ocupación. Esta situación afectará a Renfe y a Aena. De hecho, el gestor aeroportuario tendrá que llevar a cabo el control sanitario de la entrada de pasajeros internacionales en los aeropuertos.

También las empresas de transporte tendrán la obligación de conservar durante un mes los datos de sus pasajeros así como dónde estaban sentados con el objetivo de poder llevar a cabo su identificación si aparece un caso positivo a borde de un avión, un autobús o un tren.

El uso de mascarilla es obligatorio entre la población a partir de los seis años de edad, en los transportes públicos y en los lugares en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros con otras personas.

En este sentido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha incidido hoy en que los presidentes de las comunidades autónomas que estén en la fase 3 pueden dar por terminado el estado de alarma antes del próximo día 21 de junio y así comenzar la nueva normalidad, si así lo deciden en virtud de los datos epidemiológicos.

“Entre sus facultades está la de decidir cuándo acaba el estado de alarma en su comunidad y empieza la nueva normalidad”, ha subrayado el ministro, quien ha resaltado que esta decisión debería tomarse siempre que lo aconsejen los datos epidemiológicos.

Además, ha resaltado que la movilidad entre distintas comunidades se producirá cuando los territorios alcancen la nueva normalidad.

En este sentido, el director del Centro de coordinación de emergencias y alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que, en principio, los presidentes autonómicos "tendrán que solicitar al ministro" el fin del estado de alarma o, "como mínimo, informar" de su decisión.

También pretende el real decreto fijar la respuesta sanitaria de las comunidades autónomas ante un posible rebrote de la enfermedad y, para ello, dispone que se “debe disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes, y de entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes”. Esto supone fijar un plan de respuesta de cara a que tras el verano se vuelva a disparar el número de positivos y los sistemas sanitarios de cada comunidad autónoma tengan capacidad de reacción sin que se produzcan situaciones de colapso como las que se dieron en marzo o abril de este año.