El abogado del Estado reclama “justicia histórica” para recuperar el Pazo de Meirás

Cuarta y última jornada del juicio por la propiedad del Pazo de Meirás en la que las partes hicieron el relato de sus conclusiones. La Abogacía del Estado insistió en reclamar lo que cree “un acto de justicia legal” y “un acto de justicia histórica” porque considera que la finca en manos de los herederos de Francisco Franco “debe volver a manos públicas”.

El abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Suárez, alegó que Franco “se apropió ilícitamente” del Pazo de Meirás mediante “un fraude”, como se refirió a la escritura de compraventa de 1941. “Estamos ante un título simulado que busca generar la apariencia de que Franco lo adquirió”, resumió en alusión a esa escritura. Además, apeló al protocolo notarial de 1938 por el que la Junta pro Pazo del Caudillo habría adquirido el inmueble mediante un proceso de “naturaleza coercitiva”, como se refirió a la suscripción popular puesta en marcha para hacerse con la propiedad y entregársela a Franco.

Suárez defendió que quien adquiere el bien por usucapión (adquisición de una propiedad por su posesión continuada) es la Administración General del Estado “por uso continuado para fin público”, porque existe afectación del bien al dominio público.

El letrado del Estado defendió que los herederos de Franco no han adquirido el dominio sobre el pazo porque “no tienen ningún título válido” y el “bien es intransmisible”. Según su relato ante la juez María Canales Gantes, la familia no ha adquirido el bien por usucapión porque al ingresar el pazo en el dominio público es imprescriptible y la legislación no admite desafectación tácita.

Tampoco, dijo, hay usucapión ordinaria porque la “simulación absoluta” de 1941 es incompatible con esta figura ya que no existiría ni justo título ni buena fe, pues los herederos saben que el título de adquisición no fue una compraventa sino una donación, y dicha simulación absoluta es “incompatible” con posesión como dueño.

Por su parte, la defensa de los Martínez-Bordiú Franco, con alegato final por parte de Antonio Gil, negó que la escritura de 1941, por la que Francisco Franco habría adquirido el inmueble y que el Estado considera "simulada", pueda considerarse "nula".

La defensa de los Franco contempla la nulidad de la escritura del 38 pero no de la del 41, porque “la voluntad de todas las personas que participaron” en aquel momento “era inequívoca” acerca de realizar una transmisión del inmueble a Franco y de este de poseerlo, pues consideraba que “Meirás era suyo”, y descarta que el Estado se puede arrogar como poseedor en concepto de dueño para usucapir el bien porque la persona física que poseyó el pazo y lo usó como su residencia fue Franco.

Además, alegó Gil, aunque la administración hubiera poseído o estuviera presente en el pazo por ser Franco jefe del Estado no lo hizo en exclusiva ni ininterrumpidamente, puesto que el dictador asumió determinados gastos y además la Administración pública le giraba cada año los recibos de contribución por ejemplo, por lo que no cabría la usucapión que alega el Estado, apostilló.

También argumentó que aunque hubiera usucapido el Estado el inmueble en 1975, cuando murió Franco, se evidencia desde ese momento, según el abogado, un abandono del derecho de propiedad porque “se desentendió del pazo, no asumió los gastos, designó otros edificios como residencia del jefe del Estado” y “explícitamente a efectos administrativos o registrales” designó a los herederos como propietarios, incluso habiendo un guardia civil como “guarda hortelano” hasta 1990, lo que explicó “por quien era la propietaria, no porque fuese una propiedad pública”. En este sentido, su compañero de despacho Luis Felipe Utrera-Molina recuerda a este diario que “Carmen Polo tuvo escolta policial hasta su muerte”.

Aquello ocurre casi 30 años antes de que el Estado se arrogue un derecho sobre esta propiedad al presentar la demanda, apuntó el letrado Gil en relación al periodo necesario para la usucapión extraordinaria, y es “incontrovertida la usucapión ordinaria”, para la que se requieren diez años, pues la demandante reconoce la posesión de los herederos desde 1990 a todos los efectos, concluyó.

El abogado del Estado jefe en Galicia explicó durante su intervención por qué no ha habido antes una reclamación del Pazo de Meirás. Según dijo, tras la muerte de Franco se produce una situación “anómala” con respecto a la propiedad que definió “de inercia” por parte de los gobernantes posteriores, sin que nadie se preocupe por el pazo, que pasa a tener una “posesión tolerada” por los Franco.

Negó Javier Suárez además un “retraso malicioso” en el ejercicio de la acción, al considerar que el momento de llevarla a cabo llegó tras “hitos históricos” como la Ley de Memoria Histórica o la resolución de 2018 en el Parlamento de Galicia para emprender acciones legales, cosa que aventuró no hubiera sido posible en la época de Manuel Fraga.

Por su parte, el abogado de los Franco insistió en esgrimir el pago del IBI, uno de los puntales de su defensa, para respaldar sus argumentos sobre la titularidad. “El Estado se desentendió por completo y ha reconocido a los herederos a efectos fiscales y administrativos”, sostuvo en alusión a los años posteriores tras la muerte de Franco.

En su intervención, Antonio Gil, letrado de los herederos del pazo, rechazó la existencia de un “ánimo defraudatorio” e insistió, en varias ocasiones, que a efectos del litigio, le da “igual” si las aportaciones a través de la suscripción popular fueron “voluntarias u obligadas, porque no salieron del erario público, sino de ciudadanos particulares que no son parte en el procedimiento”. Como ha explicado su compañero Utrera-Molina varias veces, “eso es indiferente a efectos de este pleito”.

El letrado de la Xunta, que respaldó las argumentaciones del Estado, como las demás partes, instó a recordar a quienes realizaron aportaciones de una u otra forma para el inmueble y añadió que si “fue adquirido con dinero y sudor del pueblo debe ser devuelto por fin al pueblo”. En sus conclusiones, el letrado del Ayuntamiento de Sada dijo que “no procede la usucapión por parte de los herederos”, pero sí respaldó la invocada por la Abogacía del Estado.