El Gobierno se compromete a crear 100 juzgados nuevos a petición del PP

El líder del PP, Pablo Casado había encomendado a su equipo negociador que se demostrara la capacidad de diálogo y de llega a acuerdos que tiene su partido. El propio presidente de los populares le tendió la mano en reiteradas ocasiones a Pedro Sánchez con un “pacto Cajal”, pero los rifirrafes llevaron a pensar que no había opción para el acuerdo. Sin embargo, mientras, Gobierno y PP, siguen acercando posiciones en el resto de las materias de la comisión negociadora de la mesa de reconstrucción creada por la crisis del coronavirus.

En materia de Justicia y medidas judiciales, uno de los reales decretos que aprobó el Gobierno para hacer frente a la Covid, los populares han negociado con el Gobierno -que aceptó en su tramite que fueran por la vía de proyecto de ley para poder enmendarlo, motivo por el que el PP votó a favor entonces- finalmente les han aceptado el 84% de las enmiendas presentadas por los de Casado.

Fuentes del grupo popular estaban convencidos de que el tiempo les iba a dar la razón y con dicho acuerdo, se muestran convencidos de que han logrado demostrar que “la voz del Partido Popular es imprescindible para lograr superar, sin dejar a nadie atrás, la terrible pandemia que seguimos sufriendo”.

Los populares destacan que han sido “la voz de los operadores jurídicos que debió ser escuchada y no lo fue durante la elaboración y aprobación del Real Decreto Ley presentado por el Gobierno y que adolecía del diálogo y del consenso, que la importancia de la materia requería, y al servicio del cual hemos trabajado para superar, en la medida de lo posible, la oposición Jueces, Fiscales, Organizaciones sindicales, Letrados, Procuradores, abogados, jueces especializados, censores de cuentas …”

Las mismas fuentes recuerdan que todos ellos se manifestaron en contra de una norma destacando la falta de diálogo del Gobierno que, también, puso de manifiesto el Grupo Popular que “siempre reclamó la apertura de un proceso negociador en sede parlamentaria que nunca se produjo en el momento de aprobación Del Real Decreto Ley al que votamos no en el trámite de su convalidación”.

Entre los puntos que han logrado consensuar es que cuestiones que contaron con la firme oposición de la mayoría de los operadores jurídicos, hoy se corrigen a instancia del PP, desapareciendo del texto Del Real Decreto Ley, materias que han capitalizado el debate público sobre el RDLe, como la habilitación del mes agosto como hábil o el cómputo de los plazos procesales regulados en los artículos uno y dos del Real Decreto Ley, que por otro lado, indican las mismas fuentes, han quedado desvirtuados en su aplicación práctica.

Asimismo, se corrigen las deficiencias de constitucionalidad que manifestó el PP al no compartir la creación de jurisdicciones especiales y que, con la iniciativa del Grupo Popular son sustituidas por el compromiso arrancado al Gobierno de crear al menos cien nuevas unidades judiciales necesarias para combatir las consecuencias legales de la actual pandemia y también destinadas a completar la planta judicial en aquellos puntos “negros” que tiene el actual sistema jurisdiccional por cuanto a sobrecarga de trabajo se requiere.

Los populares apuestan también por modificar las normas concursales incluidas en el capítulo II del Real Decreto Ley al entender que debíamos tener como principal objetivo el introducir nuevas medidas procesales que ayuden a garantizar la viabilidad de las empresas en situaciones de especial dificultad y con el objetivo claro de salvaguardar el empleo.

Reivindicaciones sindicales

Para el capítulo III de la norma los populares recogen las reivindicaciones de las organizaciones sindicales ue no fueron escuchadas en su momento, ni recogidas en el texto del Real Decreto Ley a pesar de lo razonable de su contenido, como también lo fueron las observaciones de colegios como el de Letrados de la Administración de Justicia, que apostó por la salvaguarda de los derechos formativos de los funcionarios en prácticas y que ha sido recogido en las enmiendas del PP, indican fuentes del partido.

“Quisimos dar voz a las organizaciones sindicales trasladando al texto el derecho a la participación de los trabajadores de la Administración de Justicia en cuantas medidas se adopten y afecten al derecho a la negociación que consagra la Constitución y también el de las organizaciones colegiales que deberán ser escuchadas en el proceso de aplicación de la norma”, subrayan.

También, han manifestado su compromiso con la “cláusula Rebus” que consideramos debe ser estudiada en las comisiones de Justicia de Congreso y Senado a la mayor brevedad. Dicha cláusula requiere de una modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que los populares no consideran que debía ser incluida en una norma proveniente de un Real Decreto Ley y por tanto, aseguran que apoyarán la regulación de la “claúsula Rebus” cuando se tramite en la comisión de Justicia del Congreso, al considerar que ésta es la mejor técnica legislativa.