Los comunes trasladan al PSOE una propuesta para reformar el delito de sedición y beneficiar a los presos del 1-O

Los comunes han trasladado al PSOE una propuesta de reforma del Código Penal en lo que afecta a la regulación del delito de sedición con la intención de que pudieran beneficiarse de ella los presos independentistas encarcelados por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O así como a los fugados de la Justicia como el ex presidente regional de Cataluña Carles Puigdemont. El objetivo es que el texto legal resultante vincule el delito de sedición con el hecho de que se produzca violencia explícita, lo que significa el uso de armas u otros instrumentos “aptos para poner en grave riesgo la vida de las personas o causar lesiones graves”, tal y como ha explicado el dirigente de los comunes y presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens.

De esta forma, los comunes buscarían “desactivar”, según Asens, no sólo el delito que fue la base de la condena a los presos independentistas, sino también tratar de impedir que en el futuro pueda ser utilizado contra movimientos sociales y activistas. Una propuesta que, además, encajaría con el objetivo hecho público por el Gobierno de coalición al inicio de la legislatura de modificar el delito de sedición para que esta reforma se pueda aplicar de forma retroactiva a los políticos presos por el referéndum del 1-O. De hecho, la la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, llegó a indicar antes de la pandemia que la reforma estaría lista antes de que acabara el año. Ahora, sin embargo, los comunes temen que se pueda retrasar y que no se apruebe durante este año.

Fuentes de los comunes explican que la propuesta es aún un documento de trabajo que puede sufrir modificaciones y que ha sido trasladado al PSOE, así como a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y a la entidad independentista Omnium Cultural. Asens ha explicado que esta propuesta es la más realista, a pesar de que su posición sería la de abolir directamente el delito de sedición, meta para la que, según su opinión, no existe mayoría suficiente en la Cámara Baja. También ve necesario evitar el camino de la amnistía ya que, a su juicio, esta opción terminaría quedando en manos del Tribunal Constitucional.