Querella contra Iglesias: “Ningún motivo justifica las coacciones, las lesiones ni impedir derechos fundamentales”

Dieciocho vecinos de Galapagar sancionados por protestar frente al chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero denuncian que desde el pasado 7 de junio han venido sufriendo un «acoso total» por parte de los agentes de la Guardia Civil destinados para proteger la vivienda «en base a las instrucciones» que atribuyen el vicepresidente del Gobierno. En la querella en la que imputan al líder de Podemos delitos de coacciones, denuncia falsa y contra el ejercicio de derechos individuales con el agravante de abuso de autoridad, consideran que «no hay absolutamente ningún motivo que pueda justificar ni las coacciones ni las lesiones, ni impedir los derechos fundamentales».

Pero esta denuncia –que ya han presentado telemáticamente en el Tribunal Supremo– viene acompañada de una segunda querella (ésta formalizada en los Juzgados de Collado-Villalba) contra 23 guardias civiles y un policía, que en algún momento han formado parte del dispositivo de protección de la vivienda, por delitos de coacciones leves, lesiones y, también, por impedir supuestamente el ejercicio de derechos cívicos.

La letrada de los querellantes, Polonia Castellanos, enmarca los hechos denunciados en lo sucedido la tarde del pasado 7 de junio y en los días posteriores cuando acudieron «de forma espontánea», en un «acto de protesta», a las inmediaciones de la vivienda de Iglesias. Se trataba, recalca, de concentraciones similares a otras que tuvieron lugar en España «como consecuencia de la nefasta gestión del Gobierno» de la pandemia del coronavirus. Durante las mismas, continúa, los vecinos sufrieron, pese a su «actitud pacífica», un «acoso total» del que responsabilizan al vicepresidente.

La abogada se queja de que los agentes procedieron a identificar de forma indiscriminada a los asistentes y a multar «sólo a aquellos que llevasen la bandera de España» o hiciese sonar el himno nacional a través de sus móviles, impidiéndoles, denuncia, «ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión» y «prohibiendo» los símbolos oficiales de España.

«Se les ha prohibido pasear por una vía pública sin ningún tipo de justificación» –continúa–, y se les ha impedido «atravesar la calle, tanto en coche como a pie, teniendo que realizar un rodeo injustificado para acudir a la iglesia o a su trabajo».

Para apuntalar su opinión de que las medidas fueron desproporcionadas, los querellantes aseguran que «cuando una banda terrorista, tremendamente criminal, y autora de cientos de asesinatos, tenía amenazados a políticos, periodistas, etc., en ningún momento se cortaron calles» ni se impidió «ejercer los derechos fundamentales» o «se acosó a ciudadanos pacíficos por llevar los símbolos de España».

Al líder de Podemos le reprochan en la querella que esté yendo «contra sus propios actos» y le recuerdan que en su día llamaba a protestar contra políticos para aplicarles «jarabe democrático». «A la casta como el sr. Iglesias no le gusta ser molestada en su mansión», recalcan al tiempo que consideran que, «además de expropiar calles públicas en su exclusivo beneficio», ha utilizado a los agentes «como si fuesen sus guardaespaldas privados».

En cuanto al delito cometido por una autoridad contra el ejercicio de derechos individuales (castigado con la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público de uno a cuatro años), mantienen que Iglesias lo habría cometido al denunciarles «por hacer sonar el himno nacional y portar la bandera de España frente a su casa», imputándoseles un delito de desobediencia a la autoridad, «cuando realmente ejercían su derecho a la reunión y manifestación».

Y respecto a las coacciones –que llevan aparejadas un condena de seis meses a tres años de prisión o un multa por «sin estar legítimamente autorizado» impedir a otro «con violencia» hacer lo que la ley no prohíbe–, la letrada defiende que el uso de la violencia debe entenderse no solo como el recurso a la fuerza física, sino también como una «intimidación» como la «posición de fuerza que ejerce sobre un ciudadano cualquiera todo un vicepresidente del Gobierno».

Por último, mantiene que Iglesias habría cometido un delito de denuncia falsa, que castiga a quienes «con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal» siempre que esa imputación se haga «ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación».

24 agentes querellados

El pasado 1 de julio, recuerda, se celebró un juicio rápido «para ventilar la denuncia» formulada contra dos de las asistentes a las protestas, un procedimiento en el que «se demostró la inocencia de las querelladas y la nula base legal para una sanción», subraya, lo que según ella evidencia «la falsedad y la temeridad» de las sanciones.

Asimismo, se incide además en que esas conductas se habrían llevado a cabo con abuso de poder dada la «exhibición de fuerza empleada», ya que «hasta once agentes de la Guardia Civil rodearon y retuvieron a los querellantes, buscaron un tipo penal que poder imputar y acabaron por denunciarlos», señala.

Por otro lado, en la querella presentada contra 24 agentes se asegura que uno de los guardias civiles «ejerció violencia física» sobre una de las concentradas, Claudina Gutiérrez, quien «que tuvo que acudir a urgencias al Hospital de Torrelodones» por un «hematoma leve por aprehensión y contractura muscular». La mujer denunció los hechos ante el Ministerio del Interior y aseguró que el agente le «agarró con violencia de ambos brazos, la empujó y la tiró al suelo», además de multarle por negarse a identificarse, lo que ella niega.

La letrada mantiene que la mujer habría sido agredida por ejercer «un derecho fundamental amparado en la Constitución»: el derecho de reunión pacífica y sin armas». La sanción de 600 euros ya ha llegado a su domicilio, pero la ha recurrido.