La financiación de Podemos, bajo sospecha

Bajo la lupa siempre ha estado la sospecha de que en Podemos exista una “caja B” con la que la formación ha podido nutrir ilegalmente al partido. Hasta ahora solo eran dudas que han sido archivadas a su tiempo por la Justicia. Los morados, de hecho, siempre han azuzado con este mismo mantra y se han defendido de las acusaciones de sus enemigos alegando que son las “cloacas del Estado” las que han tratado, apoyados de los “brazos mediáticos” impedir que Pablo Iglesias llegara al Gobierno. Ahora que es vicepresidente, continúan azuzando desde el partido con el mismo argumento, asegurando que las mismas cloacas tratan de destruirlos.

Un discurso político forjado minuciosamente con el fin de desviar el foco judicial de la acción que el partido realiza en el Gobierno. El objetivo claro, el de evitar que cualquier investigación judicial pueda debilitar a la cuota morada en el Consejo de Ministros. Sin embargo, el partido se enfrenta de nuevo a los peores presagios, pues sobre él pesa el fantasma de la financiación ilegal en las campañas electorales de 2019.

Ha sido el ex abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, el que ha descrito en los últimos días una especie de trama organizada con el fin de financiar ilegalmente el partido con “una caja B”, y es él mismo el que señala a la dirección del partido de cobrar sobresueldos. De hecho, en su denuncia del pasado 29 de julio se ratifica en que el partido ha cometido delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. Según el ex letrado, existe una “trama delictiva” en la formación y denuncia la presunta contratación fraudulenta para las campañas electorales del año 2019 de la agencia de comunicación de origen mexicano, Neurona Consulting. También denuncia irregularidades cometidas por el partido durante las obras de remodelación de su nueva sede en la calle Villaespesa de Madrid adjudicadas por 1,3 millones, que habían sido licitadas por la mitad de esa cantidad. La otra pata, es la “caja de solidaridad” de Podemos, en la que, aseguró se destinaban los “excendentes” de los salarios públicos de los dirigentes y que se asignaban a proyectos o gastos “poco claros”.

Ahora, es el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, quien, tras la denuncia de Calvente, quiere investigar una posible “caja B”, y ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posibles delitos de malversación y administración desleal.

Justo hace una semana era el Tribunal de Cuentas quien advertía en su informe fiscalizador de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 algunos pagos que Unidas Podemos no ha justificado convenientemente. Así lo señala en este documento que esta institución ha hecho público en su página web: “En la documentación remitida (por Unidas Podemos) figura una factura que incluye gastos por 133.100 euros que no han sido debidamente justificados, aun cuando se han tenido en cuenta a efectos de verificar el cumplimiento del límite máximo de gastos”.