Bruselas ve con preocupación la relación Delgado-Moncloa

Bruselas ha puesto luz y taquígrafos a las deficiencias del Estado de Derecho en España. En un informe publicado ayer, Bruselas pone en duda la independencia de la Fiscalía respecto al Gobierno. Aunque el informe en ningún momento se refiere al nombramiento de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General, Bruselas ve con preocupación la falta de transparencia en las comunicaciones entre ejecutivo y la Fiscalía y el proceso de elección. «La relación entre el Fiscal General y el Ejecutivo es objeto de discusión, en particular el régimen de nombramiento y la duración del mandato del Fiscal General, así como el registro de las comunicaciones con el ministerio de Justicia», asegura en un texto. Para Bruselas, resulta sospechoso que el mandato del Fiscal General termine de manera simultánea con el del Gobierno, lo que «puede afectar a la percepción de independencia». Para disipar este tipo de recelos, el ejecutivo comunitario recomienda que las comunicaciones entre la Fiscalía y el ministro de Justicia se hagan públicas para alejar «cualquier impresión de interferencia» entre los dos poderes.

Aunque el informe sobre España pasa de manera holgada los estándares europeos, el texto publicado hoy también muestra su preocupación por el funcionamiento del órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial que lleva en funciones desde diciembre de 2018 por discrepancias entre los partidos pero, sin embargo, sigue decidiendo los nombramientos de la cúpula judicial. «La situación del Consejo General del Poder Judicial es otro problema, en particular porque sus nuevos miembros todavía no han sido nombrados», dice el comunicado. A pesar de que este nuevo mecanismo era visto como una oportunidad por parte del independentismo catalán para que la Comisión Europea señalara posibles vulneraciones de derechos en Cataluña contra los líderes del procés, el texto no hace mención a este punto. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha vuelto a defender el orden constitucional. «Por lo que se refiere a Cataluña, nuestra posición es bien conocida: es una cuestión interna de España que debe abordarse de acuerdo con su orden constitucional. La Comisión respeta plenamente el orden constitucional español, incluidas las decisiones de su sistema judicial».