El “latigazo” de Europa

El asalto del Gobierno al Consejo General del Poder Judicial ha sido desde su inicio un camino lleno de diferencias internas. También de dudas. Empezando por Pedro Sánchez, que apostó primero por darse hasta final de año para buscar una salida negociada con Pablo Casado, pero queel 12 de octubre, al finalizar los actos por la Fiesta Nacional en el Palacio Real, ordenó registrar a la mañana siguiente una reforma exprés de la ley, armada por Carmen Calvo, utilizando los dos grupos parlamentarios que sustentan la coalición gubernamental, PSOE y Unidas Podemos, rebajando las mayorías necesarias para renovar la institución presidida por Carlos Lesmes.

Pero en tan curioso baile “tacticista” de la yenka (izquierda, derecha, un pasito adelante y otro hacia atrás) la cosa no se quedó ahí. Cuatro días después, el viernes 16, llegó el frenazo en seco a esos planes. ¿Qué había pasado? El aviso de la Comisión Europea, reclamando “independencia” judicial y separación de poderes ante la maniobra gubernamental, y la amenaza de motín del CGPJ llevaron a una rectificación del presidente, “vendida”, eso sí, como una disposición al acuerdo con el PP haciendo incluso “todas las concesiones” para salir del atasco.

Los trastornos que deparará a Sánchez ese soberbio puñetazo inicial sobre la mesa están aún por aclararse. De momento han sido constantes las discrepancias con los ministros, jueces para más inri, Juan Carlos Campo (Justicia), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) que dudan de la constitucionalidad del paso al frente. También barones socialistas han alertado de los peligros del “atropello”, por mucho que los socios de coalición lo presentaran en las Cortes como una “norma antibloqueo”. Además, se ha introducido un nuevo elemento de inestabilidad: la necesidad de contener a Pablo Iglesias, impulsor ante el presidente del cambio de las reglas para relevar por las bravas a los vocales del Poder Judicial.

El vicepresidente segundo, según apuntan fuentes de la facción socialistadel Gabinete, “caldeó” el ambiente llegando al punto de expresar su deseo de modificar retroactivamente la legalidad para anular las recientes designaciones de seis cargos claves del Tribunal Supremo, esa institución que debe decidir si le imputa por el “caso Dina”: tres en la Sala de lo Penal y las presidencias de las Salas de lo Contencioso, lo Social y lo Militar. Una pretensión disparatada que el mismo Sánchez no tuvo más remedio que negar a Iglesias.

En cualquier caso, todo empeoró con el frente mayúsculo abierto ante Europa. En la bronca sesión de control en el Congreso de la pasada semana, Casado habló de “reforma a la polaca”. Este aviso del líder del Partido Popular, unido al riesgo que podían correr los fondos de reconstrucción, vinculados al respeto del Estado de Derecho, escoció sobre manera en el entorno presidencial. “Más aún en puertas del Consejo Europeo”, señalan monclovitas. Sánchez se encontró en Bruselas con unos socios que se preguntaban: ¿Qué ocurre en España?

Así las cosas, quienes eran en el Gobierno firmes partidarios de alumbrar una salida sin el PP al “bloqueo” del Poder Judicial, a día de hoy emiten señales de haber quedado en carne viva. Ni siquiera Sánchez, por más que evite dar cuenta de las consecuencias de sus actos, puede maquillar su repliegue táctico. Lo cierto es que entre el presidente que intentaba el martes de la pasada semana, a través de Adriana Lastra y Pablo Echenique, hacer comulgar con la rueda de molino de la idoneidad de su empeño, y el de siete días después, se percibe un político que, pese a la sobreactuación, se ha visto obligado a dar un giro completo.