Casado ofrece a Sánchez un estado de alarma de ocho semanas a cambio de reformar la ley

Ocho semanas de estado de alarma. Ese es el plazo que el líder del PP, Pablo Casado, ha condicionado a su apoyo a esta medida propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de que su aprobación, “de una vez”, debe hacerse en un marco legal con una modificación de la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública 3/86, que podría estar lista ya en diciembre. En la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Casado ha planteado limitar el plazo de aplicación de esta medida excepcional que “no puede superar en ningún caso las ocho semanas”, ya que en juego estaría salvar la campaña de Navidad, de la que dependen millones de españoles y miles de empresas.

Este diario ya adelantó en su edición de hoy que la dirección del PP valoraba ayer condicionar su “sí”, siempre que a cambio se produjese un cambio legislativo y a una limitación temporal de la vigencia de la alarma. El presidente del PP, Pablo Casado ha condicionado así su apoyo al estado de alarma siempre que se cumplan dos condicionantes: “Limitar el plazo del estado de alarma a un máximo de ocho semanas”. Los populares creen que el plazo debería ser un mes, pero han ampliado el margen con el objetivo de lograr un acuerdo con el Gobierno. Un plazo que ya ha sido comunicado al Gobierno. Por otro lado, la segunda exigencia es “un plan jurídico”, mediante la modificación de Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para que las autonomías puedan confinar y restringir la movilidad sin necesidad de estado de alarma.

Casado también ha anunciado que ya ha comunicado al Gobierno estas dos condiciones para que el PP vote a favor de lo que considera la “constatación de un fracaso”. Los gabinetes del Ejecutivo y del PP están en contacto desde ayer y Casado espera tener la “oportunidad de hablar con el presidente durante esta semana”. También, ha cuestionado la viabilidad de la medida, al considerar que en cuestiones de Estado “las autonomías no pueden actuar como autoridad delegada”, además de criticar que Sánchez intenta “esquivar tanto el control parlamentario como judicial durante un plazo de seis meses, algo que no apoyamos”, máxime cuando “las autoridades europeas han pedido limitar en el tiempo este tipo de medidas”.

Casado ha criticado con dureza que el jefe del Ejecutivo haya dejado en manos de las comunidades autónomas la toma de decisiones del estado de alarma, que "es una excepcionalidad” que no puede extenderse seis meses, ya que esto conlleva un control parlamentario y no una comparecencia semanal. “Hay aspectos que podrían ir en contra de la propia Constitución y contravienen las decisiones de la Comisión Europea”, ha reiterado. Por todo ello, para recabar el apoyo mayoritario de las Cortes y que haya unidad y una dirección conjunta, ha solicitado limitar el plazo de esta situación de excepcionalidad: “No puede superar las ocho semanas”. De este modo, se limita la movilidad en los principales puentes pero su objetivo final es “salvar la campaña navideña” y dar cierta tranquilidad a los españoles, a los mayores que ven que van a tener movilidad hasta mayo. El otro requisito planteado por el líder del PP es que el Ejecutivo acometa un plan B jurídico para restringir la movilidad a partir de diciembre, que incluye una modificación urgente de la ley orgánica 3/86 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública que aborda el mando único. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ya anunció que lo estaban estudiando y además, podría ejecutarse en ese plazo de ocho meses.

Pacto de Toledo

También ha anunciado que su partido apoyará las recomendaciones del Pacto de Toledo. Entre sus muchos puntos destacó que van a recomendar volver a fijar el IPC como el indicador para revalorizar las pensiones. En su discurso, ha querido resaltar que el PP se ha mantenido como una oposición leal y con sentido de Estado, y ha puesto como ejemplos el apoyo al anterior estado de alarma, el pacto de reconstrucción y acuerdo en el Pacto de Toledo. En este sentido, Casado ha confirmado que mañana votará a favor del nuevo sistema de pensiones. Asimismo, reclamó el máximo de los controles sobre la inversión de los fondos europeos de ayuda y exigió poner al frente a una agencia o autoridad independiente que controle las ayudas europeas y su tramitación en nuestro país.

Plan económico

Casado aprovechó su discurso en la jornada inaugural del Congreso de la IEF, para enumerar la batería de medidas fiscales y económicas que aprobaría para reactivar la economía española, entre ellas una bajada del impuesto de sociedades “por debajo del 20%”. Esto supondría, según sus cálculos, “un efecto llamada” para la inversión internacional", desaparecido "casi completamente” durante la pandemia. También ha apostado por la eliminación de los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio -con enorme incidencia en la empresa familiar-, por acabar con el impuesto de actos jurídicos documentados, que “lastra la inversión” inmobiliaria y de la construcción. y por aplicar una “carencia de los créditos del ICO” -con una ampliación no vinculada a la inversión después de que la última línea puesta sobre la mesa “no haya sido eficaz”- y generalizar las "moratorias y las exenciones fiscales para las empresas que no hayan tenido beneficios” por culpa de la pandemia.

En materia laboral, ha apostado por desarrollar un nuevo modelo de contratación bonificada para empresas afectadas por el coronavirus, mayor “flexibilidad laboral”, ampliar los ERTE más allá de enero, la fórmula “ingresos cero, cuota cera” para los autónomos y ampliar la tarifa plana para ellos, potenciar la ley de segunda oportunidad, una mejora de la regulación del teletrabajo, con el impulso a la conciliación, y no derogar la reforma laboral aprobada por su partido en la anterior etapa de Mariano Rajoy. En materia de formación, quiere impulsar la FP dual, el bilingüismo, la digitalización, orientar el currículum escolar a las salidas laborales y a llevar a cabo evaluaciones públicas nacionales.

También ha marcado las pautas para recuperar la captación de inversión internacional, aprobando una nueva “ley Beckham" laboral para poder ser “más competitivos, como ya están haciendo Italia o Portugal”, así como un “fast track" para captación de talento y trabajadores de alta cualificación. Asimismo, se comprometió a estimular la creación de nuevas empresas en cinco días con el fin de reducir la burocracia, impulsar la unidad de mercado, poner en marcha una ley de crecimiento empresarial, racionalizar la estructura burocrática del Estado y compatibilizar la reindustrialización con la adaptación medioambiental.